Roberto Linares llegó a la Asamblea Nacional con un cuestionario preparado para hablar sobre El Niño. Pero una cosa es responder lo que se sabe que van a preguntar y otra muy distinta enfrentarse a las preguntas de los diputados.
El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida) había sido convocado para explicar qué está haciendo la entidad frente al fenómeno y sus efectos en el sector agropecuario.
Cuando el ministro comenzaba a entrar en detalles sobre las dificultades del Mida para enfrentar el fenómeno, las leyes que amparan la profesión de los médicos veterinarios y la ejecución del presupuesto, Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas (RM) y miembro de la bancada oficialista, intervenía para tratar de cortar sus respuestas y evitar que siguiera exponiendo las debilidades de la institución.
El Mida no tendrá ni de cerca los recursos que podría sugerir la magnitud del estado de emergencia declarado por el gobierno a raíz del fenómeno de El Niño. De los $80 millones previstos por el Estado para atender la emergencia nacional, al Mida le corresponderán $8.2 millones.
En términos proporcionales, el MIDA manejaría solo uno de cada 10 dólares destinados a la emergencia, pese a que buena parte del golpe del fenómeno se sentirá precisamente en el campo, dónde el verano será fuerte y más largo, lo que socavará la producción de alimentos.
Linares estima que el fenómeno de El Niño podría provocar una reducción de entre 15% y 20% en la producción de arroz y de alrededor de 15% en la de cebolla, mientras que la ganadería de carne y leche enfrentaría dificultades por la menor disponibilidad de agua y forraje.
La región de Los Santos, Herrera, Coclé, sectores de Veraguas y Bocas del Toro están entre las zonas que requieren mayor atención.
Cómo cambió la lluvia frente a lo normal entre mayo y julio de 2026
La secuencia de mapas muestra la diferencia de precipitación acumulada observada frente a la climatología 1991–2020. Naranja indica déficit; azul, acumulados por encima de lo normal.
Mayo: predominan las zonas por debajo de lo normal
El oeste y buena parte del centro del país presentan déficits de precipitación. En contraste, aparecen focos por encima de lo normal en la franja caribeña central.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la mayor autoridad científica en cuestiones de clima, ha indicado que desde una perspectiva social, el impacto más grave será la disminución de la producción agrícola, con lo cual las comunidades perderán acceso a los alimentos y los precios aumentarán, poniendo en una situación de inseguridad alimentaria a millones de personas en el mundo.
Agua y forraje, las prioridades
El ministerio informó que tiene como meta la construcción de abrevaderos y presas durante los próximos 12 meses, además de reforzar las reservas de forraje, el acceso al agua y la atención sanitaria.
El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, pidió detalles sobre el destino de los $8.2 millones que corresponden al ministerio.
La respuesta fue más concreta: el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, explicó que de ese monto, $6.7 millones estarían destinados a atender la sequía, principalmente en Azuero y las provincias centrales. Incluyen unas 30 presas de mampostería en la región del Arco Seco, 2,000 abrevaderos y la compra de equipos para la perforación de pozos.
Los restantes $1.5 millones se utilizarían para atender afectaciones por exceso de lluvia, particularmente en zonas como Bocas del Toro y Puerto Armuelles, donde se cultiva plátano.
El monto asignado al MIDA generó cuestionamientos.
Durante el intercambio, se planteó que si los recursos de la emergencia están dirigidos a enfrentar los efectos de El Niño, el sector agropecuario debería recibir una proporción mayor, especialmente porque ya existen productores y ganaderos con problemas de agua en provincias como Veraguas, indicó la diputada Prado.
También se cuestionó la planificación y la falta de especificidad de la resolución de emergencia.
El argumento de Prado fue que los $80 millones no constituyen necesariamente un techo, sino el monto inicial de la emergencia, que puede ampliarse o reducirse. La declaratoria se extiende por 10 meses, hasta el 30 de junio de 2027, y permite procedimientos especiales de contratación.
La discusión tomó como referencia la crisis de agua potable en la península de Azuero.
Se recordó que en una emergencia anterior se destinaron alrededor de $10 millones para atender la falta de agua potable, pero más de un año después el problema no ha sido resuelto.
El planteamiento de los diputados fue que este antecedente obliga a mirar no sólo cuánto dinero se asigna, sino qué se hará con él, en qué momento y con qué planificación. También pidieron información sobre los mecanismos y líneas de contacto para que los productores puedan solicitar apoyo y evitar que los recursos se queden en la burocracia y no lleguen a quienes realmente los necesitan.
