El sector azucarero panameño calcula una inversión inicial de 500 millones de dólares para arrancar con la producción de etanol, con miras a suplir el biocombustible que se añadirá a la gasolina de aprobarse el proyecto de ley 443, presentado por el Órgano Ejecutivo en octubre ante la Asamblea Nacional.
La iniciativa, que está a la espera de primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, establece que en Panamá se permitirá que las gasolinas tengan una mezcla obligatoria del 10% de bioetanol anhidro, un tipo de alcohol sin agua utilizado como aditivo para hacer que el combustible sea más limpio y eficiente.
Además, se determina que el bioetanol anhidro producido dentro del país tendrá prioridad sobre el importado. Esto significa que los distribuidores de combustibles deberán comprar primero el bioetanol hecho en Panamá, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y los requisitos técnicos exigidos.
Rodrigo Cardenal, presidente de la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), gremio que reúne a los cuatro ingenios azucareros que operan en el país, dijo a La Prensa que gran parte de la inversión estimada se destinaría a la compra de las hectáreas que se ocuparán para sembrar caña de azúcar destinada a la producción de etanol.
Actualmente, en el país hay 22 mil hectáreas dedicadas a la producción de azúcar y, según cálculos de Azucalpa, se requiere un número similar para suplir el 10% de etanol que establece la ley. “Inicialmente, el etanol será importado para darle tiempo a los productores nacionales de producir el biocombustible en el país”, comentó Cardenal.
El ejecutivo detalla que, sumado a los 250 millones de dólares que se necesitarían para adquirir las tierras adicionales, también se requerirán más de 120 millones de dólares para la instalación de las fábricas o destilerías, que actualmente no existen, para transformar la materia prima en etanol, junto con el capital para adquirir maquinaria y contratar personal.
Señala que un punto importante de la ley, que se discutirá a inicios de 2026 en la Asamblea y que, comenta, cuenta con el consenso entre el sector productor y los distribuidores de combustible, es que el mercado estará abierto a nuevas inversiones para la elaboración del etanol.
“No es que la producción se repartirá entre los cuatro ingenios que hay en el país, ni tampoco se establecerá una cuota. Cada empresa producirá en base a su capacidad y a la inversión que realice; la ley establece la licencia que cualquier inversionista puede adquirir para ingresar a la producción de etanol”, comentó Cardenal.
En Panamá operan cuatro ingenios azucareros que participan en la producción nacional de caña y sus derivados.
Estos son la Compañía Azucarera La Estrella S.A. (CALESA), ubicada en la provincia de Coclé; la Central Azucarera La Victoria S.A., situada en Veraguas; el Ingenio Santa Rosa, localizado en el distrito de Aguadulce, también en Coclé; y la Central Azucarera de Alanje (CADASA), que se encuentra en la provincia de Chiriquí.
El artículo 1 del proyecto de ley 443 establece que la Secretaría Nacional de Energía será la entidad encargada de otorgar los permisos para producir, almacenar, transportar, comercializar e introducir biocombustibles dentro de las Zonas Libres de Combustibles, siguiendo las normas legales vigentes.
Para cumplir con esto, se crearán dos tipos de permisos: uno para quienes instalen y operen plantas de producción de bioetanol anhidro utilizando materia prima nacional, y otro para quienes necesiten importar bioetanol anhidro desde el extranjero únicamente cuando la producción local no sea suficiente para cubrir la demanda del país.
Financiamiento
El presidente de Azucalpa señala que el sector financiero local e internacional (multilateral) ha mostrado interés en financiar la producción nacional, destacando que ya tienen listas las órdenes de compra de la infraestructura y maquinaria para enviar una vez se apruebe la ley en la Asamblea Nacional.
Las proyecciones del gremio apuntan a que, una vez la ley sea aprobada, sancionada y reglamentada, tomará un año sembrar entre 2 mil y 2,500 hectáreas de caña de azúcar destinada a la producción de etanol. De ahí, los pronósticos son alcanzar las 4 mil hectáreas para el segundo año y aumentar la cosecha y producción durante la primera década.
Bajo el supuesto de que todo el proceso legal relacionado con el proyecto 443 se complete durante 2026, el gremio estima que la primera gota de etanol producida en Panamá podría ser una realidad a finales de 2027 o inicios de 2028.
“Será una cadena de producción con una curva de crecimiento. Países como Filipinas iniciaron con cuatro plantas productoras y hoy tienen más de 15; así que, igual, esperamos que ocurra en Panamá”, destacó el presidente de Azucalpa, quien señaló que la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa definirán el futuro de la producción nacional de etanol.
La producción mundial de etanol se mantiene en expansión y alcanzó cerca de 118 mil millones de litros en 2024, con proyecciones de crecimiento para 2025 impulsadas por la demanda de combustibles renovables y mayores porcentajes de mezcla con gasolina. Estados Unidos continúa como el principal productor global, con alrededor del 52% de la producción total, seguido por Brasil con poco más de un tercio del mercado.
India y China se han consolidado en los últimos años como productores relevantes, aportando en conjunto cerca del 9% de la oferta mundial, gracias a políticas de transición energética, incentivos industriales y expansión agrícola destinada a biocombustibles.
Cardenal asegura que la banca multilateral ha mostrado interés en el proyecto por el impacto económico que tendría en el país, la generación de empleos en el interior y por el beneficio ambiental, al reducirse las emisiones contaminantes y aprovechar la biomasa que se obtiene durante el proceso de generación del etanol para producir energía.
La estimación es que todo el proceso de producción y elaboración del biocombustible genere más de 30 mil puestos de trabajo en el interior; cifra que, de acuerdo con el presidente de Azucalpa, tendrá un impacto económico aún mayor, tomando en cuenta la demanda de servicios y bienes que se requerirán durante la operación.
Además, se prevé que pequeños productores de azúcar ingresen a la cadena de producción de etanol, aunque Cardenal indica que el objetivo es duplicar las hectáreas actuales de azúcar y no utilizar las existentes para la generación del biocombustible.
Cardenal dijo que más de 60 países actualmente usan gasolina con un porcentaje de etanol, y señaló que el 10% establecido en el proyecto 443 es el índice más bajo de la industria, mientras que países como Brasil ya utilizan un 30%.
“La parte técnica está comprobada por más de 60 países donde se utiliza gasolina con etanol; los carros no se detendrán por usar la mezcla, países como Argentina y Estados Unidos la usan”, comentó Cardenal, quien agregó que el costo del etanol se regirá por los precios establecidos en el Golfo de México, al igual que la gasolina que se consume en el país.
Añadió que el sector productor nacional no participará en la importación del producto, el cual llegará a las terminales ubicadas en Colón, donde se seguirá el mismo proceso que con la gasolina, y en donde se realizará la mezcla que después se distribuirá a cada estación de servicio en el país.
El Gobierno asegura que el proyecto responde a la necesidad de que Panamá reduzca su exposición a la volatilidad internacional en el suministro y precio de los combustibles fósiles, promoviendo alternativas energéticas más limpias, sostenibles y con mayor disponibilidad local. En esa línea, el uso de biocombustibles se plantea como una opción para disminuir la dependencia del petróleo, fortalecer la seguridad y autosuficiencia energética, y contribuir a la protección ambiental y la salud pública.
Las autoridades recuerdan que la Ley 42 de 20 de abril de 2011 sentó las bases para la incorporación de biocombustibles en el mercado nacional, pero señalan que su aplicación requiere ajustes para atraer nuevas inversiones y desarrollar la cadena productiva.
Ahora, el futuro de la propuesta dependerá de los diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, quienes deberán decidir cuándo iniciar la discusión, proponer modificaciones o aprobarla en los términos enviados por el Órgano Ejecutivo.
Los nombres detrás de la azúcar
La industria azucarera nacional está vinculada a nombres conocidos. De acuerdo con el Registro Público, la Central Azucarera La Victoria, localizada en Veraguas, es controlada por las familias Martinelli y Virzi.
En cuanto a la Compañía Azucarera La Estrella, S.A., ubicada en Coclé, esta forma parte, junto con otras seis empresas vinculadas al sector agroindustrial, del Grupo Calesa, cuya directiva es presidida por Roberto Alonso Jiménez Arias. Mientras tanto, el Ingenio Santa Rosa de Aguadulce pertenece a Azucarera Nacional, fundada por la familia Delvalle.
Por su parte, la Central Azucarera de Alanje pertenece a la familia del actual contralor de la República, Anel Flores. En su momento, el funcionario señaló que antes de asumir el cargo se había desvinculado de los asuntos relacionados con la empresa, la cual —según indicó— está siendo administrada por otros integrantes de su familia.
Agregó que la propuesta de ley sobre biocombustibles busca atraer nuevas inversiones al sector, y aclaró que los productores nacionales solo han solicitado que la producción local tenga prioridad sobre las importaciones, con el fin de garantizar el retorno de las inversiones necesarias.
Flores también indicó que no considera que exista un conflicto de interés en cuanto al interés del Gobierno en impulsar la generación de etanol en el país, debido a que actualmente no forma parte de la junta directiva del ingenio.
Además, señaló que la producción de etanol podría generar ahorros millonarios al país al reducirse la compra de hidrocarburos en el mercado internacional, mientras se impulsa la producción nacional y el desarrollo del sector agroindustrial.
