Veinte años atrás, El Salvador era el único país centroamericano que ostentaba grado de inversión, pues la agencia Moody’s le había otorgado a su deuda la calificación de Baa3.
Esta calificación se basó, entre otros factores, en su posición fiscal, la cual fue favorecida por el incremento de recursos provenientes de las privatizaciones de las empresas de telefonía y de distribución eléctrica, ocurridas a finales de los noventa del siglo pasado.
En adición a estos ingresos extraordinarios, el clima de estabilidad política tras la firma de los Acuerdos de Paz, permitió que la economía creciera entre los años 1992-2001 a una tasa promedio anual de 3.28% que, en conjunto con un control del gasto público, permitió que la relación deuda/PIB se ubicase en 42.3% para el año 2002.
Bajo estas condiciones fiscales, se dio paso a la dolarización, generando estabilidad de precios y reducción en las tasas de interés para las inversiones. Cabe destacar que a la disminución de las tasas de interés también contribuyó la reforma de los sistemas de pensión que, bajo un esquema de administración privado, comenzó a demandar activos financieros, lo cual fue factor importante para el desarrollo de los mercados de valores, no solo de El Salvador sino de toda la región.
En este contexto surgen los acuerdos de integración que se firmaron en 2002 entre la Bolsa de Valores de El Salvador y la de Panamá.
Sin embargo, este panorama cambió. Con los ingresos extraordinarios gastados, el lento crecimiento económico desde finales de la primera década de este siglo y déficits fiscales continuos, el nivel de endeudamiento se ubicó en 59% para el 2009, año en que se pierde el grado de inversión y se produce un cambio en el ejecutivo, esta vez hacia un partido que no tiene una visión de economía de mercado, como la tenían los gobiernos anteriores.
A partir de ese año la situación no mejora, más bien empeora hasta el presente. Fitch reduce en febrero la calificación a CCC, Moody’s la rebajó en mayo a Caa3 y S&P en junio a CCC+.
De esta manera, el país queda con el peor nivel de crédito de la región, debido al aumento del riesgo de impago de sus emisiones dado su débil posición fiscal y un nivel de endeudamiento que supera el 80%.
A esta difícil situación se suma la decisión del presidente Bukele de comprar criptomonedas con los recursos de las reservas, lo cual agrava más las condiciones fiscales. Este último punto nos da una lección, pues recientemente nuestra Asamblea propuso una iniciativa de modernización financiera, la cual incluía la posibilidad de pagar en criptomonedas los compromisos con el fisco, conllevando riesgo pues expone parte de los recursos fiscales a la volatilidad de este activo.
Desafortunadamente, el caso de El Salvador nos deja al menos dos lecciones adicionales que debemos tener presente si queremos preservar nuestra condición de grado de inversión: a) mantener la disciplina fiscal y b) no gastarnos nuestros ingresos extraordinarios.
El autor es financista
