La Junta Técnica Actuarial fue enfática respecto al endeble estatus financiero del sistema de pensiones exclusivamente de beneficio definido.
“El tiempo se ha agotado y no se puede dilatar que se tomen medidas necesarias para equilibrar el régimen. Postergar la decisión tendrá graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país”, advierte el informe entregado a la administración de la Caja de Seguro Social (CSS), liderada por Enrique Lau.
El funcionario, nuevamente, intentó calmar las aguas respecto a la gravedad de la situación y dijo que la falta de ingresos es conocida y ha sido informada desde que asumieron el cargo.
“(...) La forma en la que se dispersa la información, pudiera, de no ser tratada de forma correcta, causar una angustia para la sociedad”. Esta cita textual es parte de las declaraciones dadas ayer por el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, cuando un grupo de periodistas le pidió que hablara sobre la quiebra del subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), alertada por este diario durante los últimos días, con base en un informe de la Junta Técnica Actuarial .
Lo más normal es que trabajadores, políticos, empresarios, jubilados, y todo el país, pasen sus días en medio de una enorme incertidumbre, al no haber dinero suficiente en las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido para el pago de las pensiones.
El último informe de la Junta Técnica Actuarial precisa que sus proyecciones y las del Departamento Actuarial de la CSS llegan a una conclusión similar: Las reservas del subsistema de IVM y el fideicomiso a su favor se agotarán entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, si no se hace nada.
El propósito fundamental del informe actuarial es, precisamente, alertar a la junta directiva de la CSS y al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de la situación actuarial del régimen de IVM.
En el documento, con fecha de agosto de 2022, –basado en los datos de 2020– se expresa la fragilidad financiera del subsistema exclusivamente de beneficio definido.
Tal como manifestó Lau en sus declaraciones, esto no es nada nuevo, porque el mismo estudio actuarial indica que han advertido de la situación desde hace dos años.
Sin embargo, los actuarios en esta ocasión han sido enfáticos en los riesgos que se corren.
El problema, como hemos dicho de forma reiterada, es que el programa no es sostenible porque cada día hay más jubilados y menos cotizantes.
Es decir, más pagos en concepto de pensiones y menos ingresos en el renglón de la cuota obrero - patronal.
Así las cosas, en el año 2023, antes de los aportes que hace el Estado, habrá un déficit neto de $1,123. 3 millones, que luego sube a $1,287 millones en el año 2024.
Luego, ese faltante entre los ingresos y los egresos se sitúa en $1,449.7 millones en el año 2025, y un periodo después (en 2026) llega a los $1,610 millones.
Un año después se ubicaría en $1,823 millones y para 2030 estaríamos hablando de un déficit anual neto de $2,398 millones.
Para poner esto en perspectiva, hay que recordar que ya no habría reservas disponibles.
Entonces, entre el año 2024 y 2030, el Estado tendría que hacer aportes adicionales por $11,787 millones para financiar los déficit que se generan entre el total de los ingresos y los egresos, advierten los miembros de la junta técnica actuarial, Andrés de la Guardia, Eduardo Rodríguez Q. y Luis Pimentel.
Después de los años proyectados en detalles por los actuarios, se observa que se acelera el crecimiento del déficit, pasando de $2,398 millones anuales en el 2030 hasta niveles de más de $5,979 anuales en el año 2049.
“Se necesitan tomar medidas que no solo se enfoquen en la liquidez a corto plazo, sino también se cuide el mediano y largo plazo debido a que la estructura actual demandará importantes recursos que no se han contemplado”.
Los estados financieros de 2020, no están auditados. Esto implica que no tienen la opinión de un auditor en la que se indiquen los ajustes contables requeridos.
Ello, advierten los actuarios, conlleva introducir un alto nivel de incertidumbre sobre las conclusiones, especialmente sobre el valor real actual del patrimonio del régimen del IVM.
El déficit, entonces, podría ser mayor al que se anticipa en los estados financieros, considerando en este punto las inexactitudes administrativas y tecnológicas que enfrenta la CSS desde 2012, cuando se embarcó en una supuesta modernización de sus programas para llevar su contabilidad y, por otro lado, los ingresos y prestaciones económicas que resultó en un cúmulo de desaciertos.
A juicio de los actuarios, tal como se demostró con los estados financieros de 2018, el equilibrio financiero del subsistema exclusivamente de beneficio definido se puede lograr de múltiples formas: combinando una serie de cambios a los parámetros de pensiones como: contribuciones del Estado, edades de referencia, cuotas mínimas, cuotas de referencia, porcentaje de la cotización, tasa de reemplazo, además de pensiones mínimas o máximas.
