Después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara otro intento de la empresa brasileña Odebrecht para evitar que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) se involucre en el litigio que sostiene con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., este órgano administrativo fijó fecha para la audiencia en la que se determinará qué trabajos quedan pendientes en la terminal dos.
Inicialmente, la audiencia debía realizarse el 12 de abril, pero el contratista brasileño solicitó que se postergará para el 19 de abril, fecha alterna que había fijado el TACP.
Transcurridos 18 meses desde que la administración del aeropuerto resolvió administrativamente el contrato para la construcción de la terminal dos, el Tribunal quiere establecer qué trabajos siguen incompletos, con el objetivo de simplificar las pruebas que deben llevar a cabo los peritos nombrados por Tocumen y Odebrecht, así como los técnicos que han sido designados por el TACP.
“Es menester, en la actualidad, que las partes se pongan de acuerdo con respecto del objeto de la prueba de inspección en el sito de la obra y con ello, delimitar la potencial cobertura de la misma, para lo cual es conveniente ordenar una audiencia previa a la práctica de ciertas pruebas: la pericia contable, la inspección de la obra y la toma testimonial. En otras palabras, el hecho de que en la actualidad se hayan reducido significativamente las tareas pendientes de ejecución de acuerdo con lo aceptado por las partes, obliga al Tribunal a que intente que se puntualicen específicamente los pendientes [actividades] que realmente faltan, además de que se identifiquen cuáles son los más relevantes para evaluar en las diligencias con intervención de peritos y testigos”, indicó el magistrado Luis Mariscal, quien lleva el proceso de apelación por parte del TACP.
En febrero de 2020, se identificaron más de 10 mil trabajos pendientes, reparaciones que debían ser solucionados en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, debido a las restricciones de movilidad aplicadas durante la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19), el plazo se extendió hasta el 30 de septiembre de 2021.
El 28 de septiembre de 2021, faltando dos días para que venciera el plazo acordado en la octava adenda del contrato, la administración del aeropuerto tomó la decisión de anular administrativamente el contrato firmado en 2012.
Según la última inspección realizada ante de la anulación del contrato, a Odebrecht le faltaba por completar 640 trabajos, situación que le impediría cumplir con la última extensión de tiempo.
Enrique Villegas, vicepresidente de Proyectos de Tocumen, S.A., señaló que a la fecha todavía quedan por resolver 300 pendientes de la lista original de 2020. “El ritmo de trabajo del contratista es lento y es importante que se solucionen los trabajos pendientes lo antes posible, porque la terminal opera todos los días”, comentó.
El ejecutivo indicó que en el tema de cumplimiento de garantías, los trabajos avanzan con mayor celeridad. De un total, de mil 200 garantías solicitadas por Tocumen, Odebrecht ha atendido un 50%. Todavía faltarían por reemplazar áreas del piso que muestran un alto deterioro, así como zonas del techo debido a que todavía el contratista no ha logrado solucionar las filtraciones. La compañía asegura que solo hay filtraciones en un 0.2% del techo y que ya se ha reunido con la empresa responsable de su instalación para encontrar una solución definitiva.
Además de delimitar las inspecciones que se realizarán después de la audiencia de simplificación, el TACP busca reducir el número de testimonios que se recabarán como pruebas.
Con la apelación, Odebrecht pretende que se revierta la anulación del contrato, así como la inhabilitación de tres años para contratar con el Estado, establecida por la administración de la terminal aérea.
Paralelo al proceso que se adelanta en el TACP, Odebrecht interpuso un proceso en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá contra Tocumen, alegando que en el contrato firmado en 2012 se estableció que la vía arbitral era el único mecanismo para resolver cualquier controversia entre las partes. El contratista brasileño pidió al Tribunal que se declarara impedido de continuar con la apelación, solicitud que fue negada en septiembre de 2022 por el TACP.
En marzo pasado, Odebrecht interpuso un amparo de garantías contra la decisión del TACP de continuar con el proceso de apelación, pero el recurso no fue admitido por la Corte de Suprema de Justicia.
Al igual que Odebrecht, Tocumen también acudió al centro de conciliación para presentar un arbitraje donde solicita que el contratista sea obligado a pagar una indemnización de 20 millones de dólares, debido al retraso en la ejecución del contrato, que inicialmente se firmó por 674 millones de dólares, pero debido a cambios solicitados en el diseño, la cantidad se elevó a 917 millones de dólares.
Odebrecht ha señalado que las demoras en los pagos por parte de Tocumen impidieron que cumpliera con el plazo acordado en la octava adenda para terminar con los trabajos pendientes. Sin embargo, Villegas comenta que antes de darse la resolución administrativa del contrato, a la empresa se le habían entregado 910 millones de dólares.
