Los proyectos turísticos y hoteleros que estaban amparados bajo la Ley 122, que establecía los llamados créditos fiscales, podían acceder al mercado de valores para emitir instrumentos financieros y captar fondos para esas obras, que recibirían beneficios que alcanzaban en una primera instancia el 100% de créditos fiscales y posteriormente se redujeron al 60%.
El mecanismo operaba de la siguiente manera: los interesados registraban una empresa en la Superintendencia del Mercado de Valores y podían ofrecer las acciones o instrumentos financieros en la Bolsa de Valores y a quienes compraban estos papeles –es decir, el inversionista– el estado les reconocía un crédito fiscal a su favor, el cual podía ser vendido a partir del tercer año a razón del 15% del importe.
“Si alguien recibía $50 mil en créditos fiscales, el primero año y el segundo no se podían vender, sino hasta el tercer año con un monto máximo del 15%, pero al derogarse la medida de los créditos fiscales, este mecanismo perdio atractivo por lo que las empresas que se habían registrado están deslistando sus emisiones o las dejaron sin efecto”, explicó un corredor del mercado de valores.
Una vez derogada la Ley 122 —modificada por la Ley 314—tras ser declarados inconstitucionales estos créditos fiscales en julio de 2023, varios de los registros que se habían otorgado en la SMV quedaron cancelados según constanta en el regulador de valores. Algunas empresas mantuvieron sus registros y realizaron emisiones, mientras que otras se abstuvieron de hacerlo.
La Superintendencia del Mercado de Valores, presidida por Maruquel Murgas, explicó a La Prensa que durante los años 2020-2022 se realizaron 11 registros de emisiones cuyo uso de fondos, desarrollado en los prospectos informativos definitivos, estaba destinado a fines turísticos; pero luego de la derogación de la ley a mediados de 2023 —que quedó sin efecto al cierre de 2024—, cuatro de los proyectos que podían emitir en el mercado cancelaron o terminaron su registro.
El regulador del mercado de valores indicó que la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019 establecía que aquellos proyectos que podían beneficiarse de los llamados créditos fiscales podían obtener financiamiento mediante operaciones de valores emitidos, siempre que cumplieran con los requisitos.
Estas empresas turísticas que iban a emitir debían registrar esos valores en la SMV, tenerlos listados en una bolsa de valores en Panamá y estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo.
“La SMV no es la autoridad competente para otorgar los créditos fiscales que en dicha Ley 122 se establecieron, ni es parte de sus funciones el Registro Nacional de Turismo ni la supervisión de actividades turísticas”, aclaró la entidad.
En tal sentido, precisaron que, producto de las emisiones que sí fueron autorizadas en el registro del mercado de valores, se reportaron en total siete emisores: dos de Inversiones Chiricana de Hotelería, S.A.; dos del Fideicomiso de Fomento Turístico; una de Inmobiliaria Palma Bonita, S.A.; una de Emerald Cay Bocas, S.A.; y una de Hotel Saxony Bocas, S.A., por un monto total registrado que superaba los $318 millones.
Las empresas tenían la opción de emitir de acuerdo con su plan de inversiones y solo se colocaron o permanecen en circulación, hasta el cierre de junio de este año, $35.52 millones, es decir, solo se colocó el 11% de lo autorizado.
Se consultó a la SMV sobre los riesgos inherentes a estas emisiones si no se contaba con los créditos fiscales, y el regulador indicó que “actualmente estas emisiones corresponden al sector inmobiliario, que inicialmente se registraron al amparo del beneficio fiscal; sin embargo, siendo que esta normativa no se encuentra vigente, esto no le impide a los emisores continuar con la emisión de otras nuevas series, cuyo uso de fondos esté destinado al sector inmobiliario, sea o no relacionado al turismo”.
El regulador del mercado de valores reveló los proyectos que habían estado registrados y que, en teoría, tienen derecho a emitir cualquier instrumento en el mercado bursátil local.
Entre ellos figuran desarrollos en Bocas del Toro, Boquete, Santa Catalina, El Valle y Veracruz, impulsados por sociedades como Inversiones Chiricana de Hotelería, Inmobiliaria Palma Bonita, Emerald Cay Bocas, Hotel Saxony Bocas y el Fideicomiso de Fomento Turístico, que en su momento fueron inscritos al amparo de los incentivos de la derogada Ley 122. (Ver cuadro).
“Los emisores que aún mantienen su categoría de emisores registrados reciben seguimiento a través de la obligación que tienen, por la Ley del Mercado de Valores y sus acuerdos, de entregar reportes periódicos con información financiera, hechos de importancia y suplementos que presentan”, señaló la SMV.
La Superintendencia del Mercado de Valores indicó que, hasta la fecha, no se han recibido quejas ni reclamos por parte de inversionistas que hayan adquirido instrumentos emitidos por algunos de estos emisores registrados.
