El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reiteró este martes 17 de diciembre que no existen las condiciones económicas en el país para realizar un aumento del salario mínimo.
El bloque, integrado por 24 gremios empresariales, considera que aumentar el salario mínimo generaría un aumento del desempleo y la informalidad en el país, cuando la economía muestra signos de desaceleración.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, más de 146 mil personas en el país no tenían un trabajo al mes de agosto de 2019 y más de medio millón de personas trabajaba bajo el paraguas de la informalidad.
El gremio, conjuntamente con representantes de las pequeñas y medianas empresas, proponen que la Comisión Nacional de Salario Mínimo (integrada por trabajadores, empresarios y Gobierno) se mantenga en sesión permanente -al menos por un año-, para monitorear el comportamiento de la economía y el mercado laboral y así poder tomar una decisión final.
“Somos optimista de que la economía del país va hacia adelante, por eso estamos solicitando respetuosamente un año para poder evaluar cómo va a estar esa economía y hacer el mismo análisis a la fecha", dijo Julio De la Lastra, presidente del Conep.
La postura de los trabajadores
Los trabajadores argumentan que es “falso” que el aumento del salario mínimo genere desempleo.
"Los años que más se aumento el salario mínimo 2011 (18%) y 2013 (15%) fueron los de menor desempleo”, asegura del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) en un comunicado.
Argumentan que con el aumento de salario mínimo mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, aumenta el consumo y se multiplica la demanda de bienes y servicios.
Los empresarios aseguran que cada 1% de incremento en el salario mínimo representa para todas las empresas del país un gasto adicional de $30 millones en planilla al año, con mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas que representan el 96% del parque empresarial.
Además, cada vez que se realiza un incremento de salario mínimo se produce un efecto cascada sobre los trabajadores no alineados bajo este parámetro salarial, que tienen que asumir los incrementos de los precios de los productos, bienes y servicios.
Ante la falta de un consenso entre trabajadores y empresarios, el Ejecutivo tendrá la última palabra. La decisión sobre el salario vigente en 2020 y 2021 debe anunciarse antes de que finalice el año.
