Para los gremios empresariales panameños, el informe final de la auditoría del proyecto minero de Donoso, que fue entregado por la empresa SGS este viernes 19 de junio, abre el compás para analizar en detalle qué aspectos se cumplen, cuáles no y qué riesgos deben atenderse, especialmente en materia ambiental, antes de fijar una posición sobre reabrir o no esta mina a cielo abierto.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, señaló que el sector empresarial se mantiene a la expectativa y que evaluará el informe para aportar al debate nacional. Indicó que, de ser convocados, los gremios podrán hacer contribuciones constructivas al proceso de toma de decisiones del Gobierno.
“El Gobierno está abierto a recibir informaciones que podamos aportar de forma constructiva al proceso de toma de decisiones”, dijo Barría Pino.
Por su parte, Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras de Panamá, valoró positivamente que el informe haya sido puesto a disposición del público en la página web del Ministerio de Ambiente.
Precisó que este primer paso permite que tanto el sector privado como la ciudadanía puedan revisar el contenido, formar sus propios criterios y participar de una discusión más informada sobre el proyecto minero.
Jiménez destacó que el análisis debe centrarse, en primera instancia, en verificar el cumplimiento o incumplimiento ambiental, por ser uno de los aspectos que más preocupa a la población.
También advirtió que se trata de un tema país, con impactos no solo ambientales, sino económicos y de imagen internacional, por lo que debe examinarse “con mucha seriedad” y tomando en cuenta el beneficio de los ciudadanos.
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Giulia De Sanctis, indicó que los gremios empresariales se mantienen unidos bajo el Consejo Nacional de la Empresa Privada y que, previsiblemente, el sector privado tendrá mensajes alineados tras revisar el documento.
También sostuvo que el país muestra señales de dinamismo económico, pero insistió en que ese crecimiento debe traducirse en empleo de calidad y mejores condiciones para la población.
De Sanctis reconoció, además, que existe un impacto reputacional asociado al caso minero, aunque aclaró que las conclusiones sobre la auditoría deben surgir del análisis del documento.
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, afirmó que el gremio revisará de manera integral el reporte, al que calificó como un documento amplio, elaborado con la participación de una firma internacional independiente. Para Jurado, el debate debe apoyarse en datos, evidencia científica e información verificable, y no en especulaciones.
Recalcó el impacto económico que tuvo el cierre de una actividad minera que dejó al país sin un 5% del PIB nacional, además de la pérdida de empleos directos e indirectos, especialmente en el interior del país.
Añadió que Panamá necesita diversificar su matriz productiva y promover proyectos que lleven empleo y desarrollo a más regiones.
“Tenemos que ser muy objetivos, buscar la información real y no empezar a tomar en consideración opiniones que no están fundamentadas de una manera científica”, agregó Jurado.
El dirigente industrial consideró que el país debe avanzar hacia un diálogo amplio sobre el futuro del proyecto, con participación de distintos sectores. No obstante, insistió en que cualquier decisión debe tomarse después de conocer a fondo los resultados de la auditoría. “En estos momentos no podemos especular”, sostuvo.
Por su lado, la Asociación de Proveedores de la Industria de la Minería Panameña indicó en un comunicado que este gremio valora la auditoría como un paso indispensable para garantizar el acceso a información verificable, permitiendo que las decisiones sobre el futuro del sector se basen estrictamente en la evidencia.
“Reiteramos nuestra firme postura de velar por el cumplimiento riguroso de las buenas prácticas en materia social, legal, ambiental y de desarrollo humano y comunitario”, se plasma en el comunicado.
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