El proyecto de ley número 53 que busca reembolsar un porcentaje de las primas del Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT) podría generar un encarecimiento de la prima base a todos los panameños que tienen estos productos. Este incremento sería necesario para poder incluir el componente de descuento o recargo que hoy no existe en el SOAT.
El presidente de Asociación Panameña de Aseguradores Apadea, lan Van Hoorde, quien indicó que si se hace el análisis tripartita, que incluye el proyecto de ley de forma previa, se revelará esta situación.
¿En la Asamblea Nacional se cuestionó a las aseguradoras sobre quién fija las tarifas del seguro obligatorio hoy?
Las tarifas se definen mediante la libre oferta y demanda. En Panamá operan 22 aseguradoras de las cuales 15 comercializan productos de automóviles. Cada aseguradora realiza su propia segmentación y sus propios estudios estadísticos. No existe en el planeta una mejor forma para definir las tarifas de un producto o servicio que la libre competencia.
¿Otro de los cuestionamientos tiene que ver con que las aseguradoras tienen un margen de utilidad de 25% de la prima, esto es cierto?
No, no es correcto. Apadea compartió con los diputados que llevan la iniciativa del proyecto de ley los resultados históricos totales de los últimos 10 años para el ramo de automóviles. Se muestra con claridad y transparencia que el margen de utilidad a primas devengadas para los 10 años ha sido del 3.74% en promedio. Para el semestre cerrado a junio de 2025 fue de 2.7%, y para los años 2024,2023 y 2022 fue de 5.62%, 0.6%, y - 3.61% (perdida) respectivamente.
¿En su opinión cual es el problema real y como se puede resolver?
La problemática real es que los propietarios de vehículos de uso selectivo y colectivo están pagando una prima mayor, pero esto es algo esperado. El segmento de vehículos selectivos y colectivos pasa más tiempo rodando en la calle; por tanto, es completamente normal que estén más expuestos a accidentes aun cuando sean buenos conductores. No sería justo tarificar de forma conjunta los usuarios de automóviles de uso particular, comercial, selectivo y colectivo. La estadística de cada segmento homogéneo es suficientemente representativa para generar su propia tarifa, tal como lo exige el Artículo 145 de la Ley 12 de Seguros.
¿Qué sucedería si la ley es aprobada?
Se incrementaría la prima base a todos los panameños. El mecanismo que utilizó el mercado asegurador para definir las primas comerciales que se cobran hoy incluye el costo estadístico de siniestros, impuestos, gastos administrativos, gastos de adquisición, y un margen de utilidad. No incluye un componente de descuentos y recargos para buenos o malos conductores; por tanto, incluirlo necesariamente incrementará el costo base del producto a todos los panameños. Además, sino se permite la segmentación, los usuarios de vehículos particulares, y comerciales podrían pasar a subsidiar a los selectivos y colectivos.
El proyecto de ley incluye en su propuesta que, entre la Superintendencia de Seguros, Acodeco y la Universidad de Panamá definan la prima base. Al respecto, sugerimos que hagan este ejercicio de forma segmentada (particulares, comerciales, selectivos y colectivos) antes de seguir discutiendo la ley.
¿Qué es lo más preocupante para el sector asegurador y para los panameños?
Para el sector asegurador preocupa el origen erróneo en la definición de “uso del seguro”. Los diputados proponentes parten de la premisa que usar el seguro significa que la aseguradora haya realizado indemnización con motivo de la responsabilidad del conductor. Lo cierto es que el seguro se utiliza para gozar de cobertura, recibir asistencia en caso de accidente, aunque no exista responsabilidad, ser representado en la audiencia de tránsito, y para la prestación de otras coberturas de servicio que pueden ser incluidas (grúa, paso de corriente, cerrajería, neumático descompuesto, etc.). Los gastos relacionados a este tipo de servicio superan el monto de la prima comercial promedio. Lo que más debe preocupar a los panameños es que la Asamblea Nacional se involucre en la fijación de precios o descuentos en un mercado abierto que hoy es regulado por la libre oferta y demanda.
