El gobierno aún no tiene una decisión sobre abrir o cerrar la mina de Donoso, tras los resultados de la auditoría intergral al proyecto de Cobre Panamá.
La Comisión ministerial de Alto Nivel encargada de analizar el informe de la auditoría realizado por la empresa SGS, adelantó que esperan tener las recomendaciones antes de que cierre el año 2026 para ser presentadas al presidente José Raúl Mulino.
En una rueda de prensa desde el Salón de la fama y museo del deporte Panameño, en Amador, los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y deAmbiente, Juan Carlos Navarro, coincidieron en que la decisión que tomarán estará apegada a la Constitución, basada en análisis técnicos y será consultada y difundida con la población.
Los ministros encargados de analizar la auditoría realizada al proyecto Cobre Panamá señalaron que aún no han llegado a una recomendación sobre el futuro de la mina, en caso de que se determine una eventual reapertura.
Lea en este enlace el informe final de la mina
El ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman explicó que el equipo designado por el Ejecutivo se encuentra en una etapa técnica de revisión de la información y que todavía no existe una definición sobre el tipo de contrato o el esquema bajo el cual podría operar el proyecto.
El ministro de Economía, Felipe Chapman, aseguró que el cierre de la mina ha significado pérdidas por más de $6,300 millones, una caída de la inversión extranjera y un impacto en las finanzas de la Caja de Seguro Social.
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Chapman indicó que no tienen una fecha límite establecida para presentar sus conclusiones, aunque han conversado sobre la necesidad de contar con una recomendación antes de finalizar 2026.
“Debemos llevar una recomendación al presidente antes de que finalice el presente año (...) No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca”, afirmó el ministro, quien reconoció que se trata de decisiones complejas.
Impacto del cierre
El ministro Chapman dijo que el cierre de la mina, desde el 28 de noviembre de 2023, ha generado una pérdida de 6 mil 500 millones de dólares, equivalente a más de 5% del PIB.
Además, enumeró los beneficios que se perdieron como aportes a la Caja del Seguro Social, caída de 75% de las exportaciones de bienes y se dejó de financiar el aumento de las ayudas a los más vulnerables. Mencionó que se paralizó un aumento en las pensiones a unos 120,000 jubilados que reciben menos de $350 por falta de los recursos de la actividad minera.
Chapman aseguró que pese a las pérdidas han trabajado para diversificar la economía y obtener ingresos por otra vía a la vez que se redujo el gasto público. Dijo que pese al cierre de la mina, la economía creció más de 4% en 2025. “Este país no está ni remotamente quebrado”, dijo, a la vez que señaló que sí se perdió parte de su potencial económico.
En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó que el cierre de la mina de Cobre Panamá no solo dejó más de 40 mil 800 desempleados, sino que también impactó a unos 170 mil puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos vinculados a la actividad minera.
Además, dijo que la tasa de desempleo en Coclé, provincia donde está la mina, pasó de 4% a 13% por el cierre de la actividad.
Moltó señaló también que el Gobierno no minimiza las protestas sociales ni desconoce la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Cobre Panamá.
El ministro indicó que los resultados de la auditoría realizada por la empresa SGS al proyecto minero ya fueron divulgados y permiten analizar la situación con base en evidencia técnica.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que el Gobierno respeta el fallo de la Corte Suprema sobre la mina y aseguró que cualquier decisión futura se tomará con seriedad, transparencia y pensando en el interés de Panamá.
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“La concesión es inconstitucional”, reiteró Moltó, al tiempo que aseguró que, independientemente de la decisión que se adopte sobre el futuro del proyecto, existen tres principios que no serán negociables para el Gobierno:
Soberanía absoluta: todas las decisiones estarán bajo fiscalización del Estado y será el Estado panameño quien tendrá el control. “Panamá manda en su territorio”.
Sin costos para los panameños: cualquier alternativa que se plantee no implicará trasladar cargas económicas a la población.
Defensa de la economía: se buscará enviar un mensaje de seguridad jurídica y confianza para la inversión.
Sin presentar nuevos anuncios, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reiteró que el cierre abrupto de la mina de Cobre Panamá no resolvió el problema ambiental asociado al proyecto.
“Cerrar la mina a lo loco, abruptamente, en papel, no eliminó los riesgos ambientales reales en el terreno, al contrario, los dejó huérfanos, sin recursos para su mitigación y sin supervisión activa”, dijo al insistir que colocó al ambiente en una posición de vulnerabilidad crítica que hoy se intenta frenar.
Navarro explicó que, aunque la auditoría realizada por SGS concluyó que el proyecto minero cumple con el 87% de los compromisos ambientales evaluados, también identificó nueve incumplimientos, entre ellos retrasos en los procesos de reforestación y la intervención de un área adicional que no estaba contemplada inicialmente.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que la auditoría ambiental encontró un cumplimiento del 87.64% de los compromisos, pero también detectó nueve incumplimientos, entre ellos deficiencias en la reforestación y más de 322 hectáreas deforestadas por encima de lo… pic.twitter.com/SLDAeXKn0Y
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Explicó que el proyecto contemplaba la intervención de solo 2,100 hectáreas, pero se intervinieron más de 332 hectáreas adicionales. Detalló que el exceso en las áreas afectadas representó 15.8% sobre el límite permitido.
Sobre la reforestación detalló que se habían comprometido a reforestar 7,375 hectáreas fuera de la huella del proyecto y 3,100 hectáreas dentro de la huella, pero no se ha cumplido en su totalidad con esa promesa. En promedio dijo que los incumplimientos en reforestación de entre 40.7% y 45.7%, dependiendo del área.
“Aquí va a haber un cierre ordenado, tal como lo aprobó la resolución de Gabinete del 27 de febrero de 2024”.
Navarro detalló que se han impuesto multas a la mina por distintas irregularidades en afectan al medioambiente.
Detalló que antes del inicio de la actual administración, el Ministerio de Ambiente había abierto 11 procesos administrativos contra la empresa concesionaria e impuesto multas por un total de $21 mil 813.
Durante el actual gobierno, aseguró que se han iniciado cuatro nuevos expedientes, con sanciones de $373 mil 177.98, otra por $86 mil 698.30; igualmente por $332 mil 564.69 y por $284 mil 546.53, para un total de $1,076 millones.
El ministro aseguró que el Gobierno no actuará de manera improvisada y señaló que actualmente se desarrolla una etapa técnica para concluir el análisis del informe de auditoría.
“Nunca debimos haber hecho la mina. Esa es mi posición original y la mantengo al día de hoy. Pero ya el hueco está ahí”.
Mientras se define si la mina de Donoso reabrirá o permanecerá cerrada, Cobre Panamá deberá comenzar a procesar los más de 38 millones de toneladas de material rocoso acumulado y expuesto en el área del Tajo Botija.
La presencia de este material fue identificada como un riesgo ambiental, debido a que puede generar drenaje ácido y contaminar el suelo y las fuentes de agua. La autorización para iniciar este procesamiento fue otorgada por el Gobierno en abril de 2026.
