A partir del 1 de enero de 2024 se deberán reportar y registrar los nombres de los beneficiarios finales de las sociedades incorporadas en todos y cada uno de los estados y territorios que forman parte de Estados Unidos.
El Congreso de ese país aprobó en 2020 el “Corporate Transparency Act” (Ley de transparencia corporativa) una norma que hace obligatorio el registro del nombre de los dueños finales de las personas jurídicas incorporadas en Estados Unidos.
Hasta la fecha, no existía la obligación de hacerlo ni un ente federal donde centralizar dicha información.
El Departamento del Tesoro, a través de “Financial Crimes Enforcement Network” (FinCen) mantendrá una base de datos en la que se irá registrando la información de cada persona jurídica. Dicho registro no será de acceso público. Solo las autoridades federales podrán solicitar acceso a la base de datos en caso de investigaciones relacionadas con el posible lavado de activos.
La obligación aplica a todo tipo de personas jurídicas, incluyendo sociedades, sociedades limitadas, corporaciones, “partnerships” y fideicomisos.
Todas las personas jurídicas incorporadas hasta el 31 de diciembre de 2023, tendrán 12 meses, o sea, todo el año 2024, para suministrar la información a FinCen.
Las sociedades incorporadas a partir del 1 de enero de 2024 deberán proveer dicha información dentro de los primeros 90 días de su constitución.
La obligación aplica a todo tipo de personas jurídicas, incluyendo sociedades, sociedades limitadas, corporaciones, “partnerships” y fideicomisos.
Existen algunas excepciones a esta obligación, mayormente empresas que ya están reguladas por alguna agencia o que operan con algún volumen de ingresos y personal. Este es el caso de los bancos y entidades financieras, empresas aseguradoras, empresas que listan sus acciones en la Bolsa de Valores o aquellas que operan en Estados Unidos y obtienen ingresos mayores a los $5 millones al año o mantienen una plantilla con más de 20 empleados.
