La nueva Ley de Sustancia Económica es el eje de una nueva edición de Café con La Prensa, un espacio de análisis que reúne a autoridades y especialistas para abordar los cambios que introduce esta normativa y su impacto en el entorno empresarial, la inversión y la posición de Panamá frente a los estándares internacionales de transparencia fiscal.
El conversatorio se desarrolla en un contexto en el que Panamá busca consolidar su reputación como un centro de negocios transparente y cooperante.
La ley responde a las exigencias internacionales para que determinadas empresas demuestren que cuentan con presencia, recursos y actividad económica real en el país, en línea con los principios impulsados por organismos internacionales para combatir prácticas fiscales perjudiciales.
Durante el encuentro también se analizará cómo la implementación efectiva de esta legislación puede contribuir a fortalecer la credibilidad del sistema jurídico y tributario panameño.
Expertos consideran que el cumplimiento de estos estándares representa un paso importante para que Panamá continúe avanzando en el reconocimiento como una jurisdicción plenamente cooperante en materia fiscal y mejore los resultados de las evaluaciones internacionales.
El conversatorio contó con las palabras de apertura del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, quien ofrecerá la perspectiva del Gobierno sobre la importancia de la Ley de Sustancia Económica en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Panamá de cara a salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Los expertos Jaime Carrizo, Socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, y Juan Raúl Sosa, socio de Fábrega Molino, analizan el alcance de la normativa, sus implicaciones para las empresas y su papel en el fortalecimiento de la transparencia, la competitividad y la posición de Panamá como un centro internacional de negocios.
Uno de los aspectos que se abordará será la próxima evaluación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE, organismo encargado de medir el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información. Una evaluación favorable fortalecería la posición de Panamá ante la comunidad internacional y respaldaría los esfuerzos del país para dejar atrás cualquier lista discriminatoria relacionada con materia fiscal.

