Sin ahondar en los detalles de cómo funcionará la administración de Digicel Panamá bajo el paraguas del Estado, el Consejo de Gabinete aprobó ayer tomar “el control de la concesionaria” a través de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) “con la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajadores y del servicio de comunicaciones personales”.
Este anuncio se da luego que el pasado 6 de abril Digicel Panamá solicitara la liquidación voluntaria de sus operaciones ante los Tribunales de Justicia Civiles, siendo la primera empresa de telecomunicaciones que da un servicio público y que toma una decisión como esta.
En ese momento, Digicel Panamá comunicó que había decidido salir del país ante lo que denominaron un mercado que no garantiza la sana competencia y un ente regulador que no hizo los ajustes que necesitaba un tercer y más pequeño competidor, tras la aprobación de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro Panamá.
Con la compra de Claro y la anunciada salida de Digicel, de un mercado de cuatro competidores Panamá se quedaría con dos grandes emporios dominando la plaza: CWP y Tigo.
Tal situación no le ha dejado otra salida al Gobierno que tomar partida del proceso, garantizando que operen tres concesionarios, tal como lo estipula la norma que establece disposiciones de concentración de mercado.
Es así como adquiere relevancia la toma de control anunciada ayer, la cual estaría amparada en varios sustentos legales, como la Ley 31 de 1996, que regula las telecomunicaciones, donde se establecen los pasos a seguir en un proceso de intervención, y en el mismo contrato de concesión entre el Estado y Digicel.
Para empezar, la toma de control frenaría la liquidación voluntaria que interpuso Digicel.
En tanto, de acuerdo con la Ley 31, por razones de interés público y para asegurar la continuidad en la prestación del servicios, el Consejo de Gabinete podrá autorizar al ente regulador para que intervenga al concesionario durante el tiempo que le tome corregir la falta o mientras se resuelvan los recursos correspondientes.
Durante este proceso se deberá designar a un interventor, quien deberá ser un profesional con experiencia en telecomunicaciones, a fin de garantizar la continuidad eficiente del servicio público objeto de la concesión.
Similar a lo que pasa en las intervenciones bancarias, se tendrá que emitir un reporte que refleje la realidad de la empresa y si son subsanables las fallas que se encuentran y que la han llevado a la situación de toma de control.
Como en el caso de Digicel no se trataría de un problema vinculado a la aplicación de tecnología o la prestación del servicio, sino a una supuesta incapacidad financiera derivada de las complejidades que han denunciado respecto al mercado panameño, se esperaría que el interventor decrete la resolución administrativa, que es lo mismo que el fin del contrato de concesión.
Si esto llega a ocurrir, el Estado deberá iniciar, en un término no mayor de 90 días, el llamado a una nueva licitación pública para la concesión del servicio; que estaba en manos de Digicel.
Se supondría que hasta tanto el Estado consiga un nuevo operador, se continuará brindando el servicio y financiando la operación con la fianza de cumplimiento de $5.7 millones que se pactó en el contrato.
El nuevo concesionario debería adquirir los bienes, redes y equipos que deja el anterior por el valor que corresponda, según la fórmula establecida en el contrato de concesión resuelto administrativamente.
Se entendería que con estos fondos Digicel podría pagarle a los proveedores que aún mantenga pendientes.
Básicamente, la empresa le debe a proveedores de servicios de mercadeo, compañías que dan servicios a la red y las torres, entre otros.
El proceso, que apenas empieza, marcará un hito en las telecomunicaciones, pues es la primera vez que una empresa que brinda un servicio público pasa por semejante trámite, lo que implica el estreno de varias leyes de vieja data.
