El Estado panameño proyecta recibir alrededor de 100 millones de dólares como beneficio estimado por la administración transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal durante un período máximo de 18 meses.
Así lo destacó el asesor Alberto Alemán Zubieta, quien subrayó que esa cifra corresponde al balance conjunto de ambos contratos temporales aprobados tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC).
Según explicó, el esquema contempla que, además del canon de arrendamiento, el Estado recibirá el excedente que resulte de los ingresos menos los egresos generados por la operación portuaria, recursos que ingresarán íntegramente a las arcas del Estado.
“No hay ninguna participación de la empresa con el Estado más allá del pago por administración”, enfatizó.
El contrato transitorio para la administración de los puertos establece un pago fijo por la gestión, operación y mantenimiento de las terminales, bajo un esquema escalonado que se extenderá 18 meses mientras el Estado prepara una nueva licitación a largo plazo.
Así lo detalló el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, al explicar la estructura financiera de los contratos.
Icaza precisó que, en el caso del puerto de Balboa, el contrato otorgado a APM Terminals Panamá, una subsidiaria de APM Terminals BV, parte del conglomerado danés A.P. Moller - Maersk, se estableció un fee administrativo escalonado: $1.75 millones mensuales durante los primeros seis meses; $1.5 millones en los siguientes seis; y $1.1 millones en los últimos seis meses, lo que totaliza aproximadamente $25.6 millones.
Para Cristóbal, operado por TiL Panamá, S.A.(subsidiaria de Terminal Investment Limited), el esquema también es escalonado y suma cerca de $16 millones en el mismo período.
Alemán Zubieta también explicó que los nuevos contratos delimitan exclusivamente el área operativa de las terminales portuarias, dejando por fuera terrenos que formaban parte de la concesión anterior. Esas áreas generarán ahora ingresos directos al Estado por el orden de $20 millones anuales en concepto de canon.
Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aseguró que garantizará una transición “ordenada y transparente” en ambos puertos.
El administrador de la AMP, Luis Roquebert, enfatizó que la prioridad es mantener la excelencia del servicio en las dos principales terminales ubicadas en la entrada del Canal de Panamá y evitar interrupciones en la operación.
“Nos hemos responsabilizado a que esto sea de la mejor forma ordenada posible, que los puertos no se paren y que continúen sirviéndole al comercio mundial”, sostuvo.
El director de Puertos, Max Flores, explicó que los equipos trabajan de manera continua para reducir cualquier afectación en la operación. “Estamos trabajando hora tras hora en estos momentos para tratar de tener esto el mínimo impacto posible”, indicó.
Detallaron que, aunque el sistema de carga contenerizada aún se encuentra en proceso de restablecimiento, las terminales continúan atendiendo buques de otros segmentos, como carga a granel.
“Hay poco volumen llegando al puerto, y eso nos ayuda a levantar la data que entra en los sistemas operativos, porque hay que saber exactamente dónde está cada contenedor dentro del puerto”, afirmó Alemán Zubieta.
En el plano laboral, la ministra de Trabajo reiteró que no habrá despidos y que se aplicará la figura de sustitución patronal para garantizar la continuidad de los contratos, prestaciones y seguros de los trabajadores.
Las autoridades señalaron que esperan retomar la operación a plena capacidad en el corto plazo, mientras avanza el proceso de transición hacia un nuevo modelo de concesión que, según indicaron, deberá establecer condiciones más favorables para el Estado panameño.
Con PPC, en 29 años de relación, el Estado solo percibió $483 millones, causándole un perjuicio al país de $853 millones, según la auditoría de Contraloría General de la República.
