El proyecto de ley para reactivar la producción y uso de etanol como componente de los combustibles avanza como “una prioridad en la agenda legislativa del Ejecutivo”, según anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino.
La propuesta será presentada ante la Asamblea Nacional en las próximas semanas, luego de una serie de ajustes solicitados por el mandatario durante la más reciente reunión del Consejo de Gabinete.
Según explicó Mulino, el objetivo del proyecto es doble: fomentar la generación de empleo en el sector cañero del país y contribuir a una reducción en el precio del combustible que llega al consumidor.
“En este momento no hay suficiente caña para producir etanol, por lo que se busca incentivar nuevas siembras destinadas exclusivamente a ese fin”, precisó.
El mandatario subrayó que, aunque se podría utilizar parte de la caña destinada al azúcar, la intención del Gobierno es impulsar una expansión de las hectáreas cultivadas, con el fin de desarrollar una cadena de producción estable y sostenible.
Mulino también recordó el cierre de Campos de Pesé, una planta dedicada a la producción de etanol en la región de Azuero, durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el cual calificó como un acto de “pura maldad” que dejó sin empleo a más de 1,200 trabajadores.
“Todo mundo quiere que resurja el etanol, pero lo que nadie quiere es que detrás de mí venga un loco que lo tumbe con el perjuicio económico y financiero para quienes inviertan”, afirmó.
El Ejecutivo indicó que espera tener listo el proyecto antes de su viaje a Brasil a finales de agosto, país que describió como “la universidad del etanol” por su liderazgo en esta industria.
Durante ese viaje, el mandatario planea sostener reuniones relacionadas con el tema energético y buscar posibles sinergias.
Además, destacó que la legislación permitiría la importación temporal de etanol mientras se implementa el sistema de producción local. “Va a tomar tiempo, probablemente dos años, pero ya la ley contempla un periodo de transición”, detalló.
El desarrollo de esta industria requiere una infraestructura compleja: preparación de tierras, inversión en almacenamiento, tanques, sistema de distribución y adecuaciones en los ingenios azucareros del país.
La disputa de la caña
En el 2020, Campos de Pesé demandó al país bajo el fundamento del tratado bilateral de inversión entre Italia y Panamá, argumentando que era una compañía bajo el control de ciudadanos italianos, que había sido perjudicada por el Estado panameño y reclamaba una indemnización de cerca de $100 millones.
Su queja era que, en el 2014, Panamá había modificado la regulación del régimen del etanol, de tal forma que había destruido el valor de su inversión.
En ese momento, los directivos de la empresa advertían que el gobierno de Varela había establecido un cerco financiero luego que la Secretaría Nacional de Energía redujera el precio de venta del etanol. Los funcionarios, en tanto, alegaban que la medida era para beneficiar a los consumidores.
Pero, según Campos de Pesé, el precio fijado hacía inviable la operación desde el punto de vista económico.
Por su parte, Panamá alegó que la empresa no podía demostrar que los nacionales italianos controlaban la empresa cuando se dieron las supuestas violaciones comerciales en el 2014, y tampoco que eran mayoría en la composición accionaria.
Luego de cuatro años de alegatos, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que las 26 personas que supuestamente poseían nacionalidad italiana no controlaban directa o indirectamente Campos de Pesé, y por lo tanto el demandante no es un inversionista protegido por el tratado bilateral entre Panamá e Italia.
El 22 de agosto de 2014, la Secretaría Nacional de Energía (SNE) emitió la Resolución No. 2188, en donde notificó –que a raíz de que la empresa (Campos de Pesé) había suspendido la venta de etanol a las importadoras y distribuidoras de combustibles– autorizaba el uso de gasolina sin la mezcla de bioetanol anhidro en el territorio nacional.
Por su parte, Rafael González, presidente de Campos de Pesé, manifestó que entendía que era “una medida temporal y no significa que, debido a eso, se esté terminando el programa del etanol en Panamá”.
