La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó elevar de $300,000 a $500,000 el monto a partir del cual la defraudación fiscal se considerará delito con consecuencias penales.
Esta es uno de las cinco sugerencias que efectúa el gremio en el marco del debate sobre la penalización de la evasión fiscal, según un comunicado remitido este lunes 20 de noviembre.
El Gobierno compartió con gremios un borrador de ley para tipificar la evasión fiscal como delito en el Código Penal.
Según el documento, será delito la defraudación durante un año por un monto igual o superior a $300,000.
De acuerdo con el viceministro de Economía, Iván Zarak, esta es una recomendación del Grupo de Acción Financiera y no adaptar el marco legal panameño podría tener como consecuencia un nuevo ingreso en la lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales.
El gremio solicita también que se señale "claramente el dolo o intencionalidad a lo largo de la normativa" y que se refuercen "los mecanismos para eliminar las discrecionalidades, de manera que sea más difícil utilizarlo como una herramienta del Estado para persecución política".
La necesidad de blindar la ley para evitar un uso político ha sido una constante por parte de gremios empresariales y especialistas tributarios.
Para evitar que la Dirección General de Ingresos (DGI) tenga toda la potestad en el proceso, el borrador de la ley señala que los casos de evasión que superen los $300,000 -y que por tanto pueden ser objeto de un proceso penal- serán remitidos por la DGI al Tribunal Administrativo Tributario, que definirá si se eleva una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Al respecto, la Apede destaca la importancia de "definir claramente el rol del Tribunal Administrativo Tributario y de su proceso administrativo".
Anteriormente, el presidente de la Apede, Héctor Cotes, señaló que este tribunal debería ser reforzado para ver este tipo de casos porque actualmente no tiene la estructura ni las habilidades pertinentes.
Además, el gremio reclama que se deben mejorar los procesos de recaudación de la DGI "para que no se le atribuya dolo o intención al contribuyente, cuando puedan tratarse de situaciones relacionadas a fallas en los trámites de la burocracia o del sistema, además, facilitar el proceso para que se reduzca el grado de subjetividad de los funcionarios".