En medio de los reclamos ciudadanos por un mejor manejo de los fondos públicos, el Gobierno anunció una serie de medidas de austeridad, cuya ejecución y efectividad estarán a prueba durante los próximos meses, mientras que tanto economistas locales y agencias de calificación han mostrado dudas sobre el impacto final de las mismas.
La medida que más llamó la atención fue el inicio de un proceso de reducción de la planilla pública en un 10%. En un primer momento se generó confusión sobre si se trataría de una reducción en número de personas o de una disminución en el monto de los salarios que se pagan.
El director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, explicó que el objetivo es la reducción en el monto mensual de la planilla.
Dijo que tomaron como base el gasto del mes de abril de la “planilla afectable”, es decir, aquella que forma parte del Ejecutivo, quedando por tanto fuera del esquema la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial.
Esa “planilla afectable”, comentó González, consta de unos 220,000 funcionarios y de un salario mensual de $356 millones. Así, el 10% representa $35.6 millones. Teniendo esto en cuenta y sumando las cargas sociales asociadas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera entre agosto y diciembre de 2022 un ahorro conjunto de $205 millones.
A cada institución se le comunicará una cuota de reducción de su gasto. Esto se va a hacer a través de una mesa de trabajo en la que participan el propio MEF, la Presidencia y la Dirección General de Carrera Administrativa, a la que se sumarán los responsables de recursos humanos de las instituciones.
González dijo que las entidades definirán cómo lograr esa cuota, pero que la primera alternativa será a través de la rotación natural de personal, no renovando las bajas que se produzcan por jubilaciones, renuncias o despidos justificados.
Añadió que se esperan resultados desde agosto, pero que no se trata de un movimiento lineal, y que por tanto en el primer mes se podría ver una reducción menor, que sería compensada en los siguientes meses. De igual forma, comentó que las entidades no son homogéneas y que habrá algunas que puedan hacer ajustes superiores, mientras que a otras les costaría más.
El exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que ve poco probable que se consigan esos niveles de ahorro solamente a través de la rotación natural, teniendo en cuenta que hay funcionarios contratados que se rigen bajo leyes especiales con aumentos automáticos que no se pueden afectar, y en una situación actual en la que no se están dando muchas oportunidades en el sector privado. Sí se pudieran lograr ahorros a través del personal que está por contrato, comentó, pero tendrían que tomar la decisión de no renovarlo.
Otra de las acciones de contención es el congelamiento de aumentos salariales no previstos en leyes especiales y de posiciones que estaban vacantes en la estructura del Gobierno. González dijo que en este caso se contemplan $45 millones que ya no se podrán contratar. En la práctica, De La Guardia explicó que aunque se tuviera la partida presupuestaria, no quiere decir que lo estuvieran gastando.
Con las medidas de reducción de viajes y el freno en el cobro dietas en juntas directivas, el MEF estima ahorros por $9 millones en lo que resta del año. Pero en este sentido, la propia orden del Ejecutivo deja la puerta abierta a seguir efectuando viajes, ya que señala que se prohíben viajes para asistir a congresos, pasantías y/o invitaciones, “excepto que se trate de representación formal del país, o como miembro de una organización de carácter internacional. Solo se autorizarán viajes para misiones oficiales”.
González explicó que por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores no está incluido en esta disposición y que igualmente las misiones oficiales se tienen que seguir cubriendo, pero que hay casos de seminarios y congresos donde se aplicarán las restricciones.
En la misma disposición se dice, además, que los altos cargos de las instituciones del Ejecutivo no podrán viajar al exterior acompañados de personal de protocolo o equipos de prensa, pero también se deja una puerta abierta: “Salvo que la naturaleza de la misión oficial lo requiera”.
En cuanto a la restricción en el uso de nuevos celulares, González dijo que este año ya están los contratos en vigencia y hay que honrarlos, por lo que el efecto se lograría el próximo año.
El impacto real de las medidas está, por tanto, sujeto a una adecuada ejecución de las mismas. De ser efectivas, en un primer momento se lograría la estabilización del gasto y los ahorros serían mayores si se mantienen por ejercicios completos.
El exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, dijo que podría ser un paso en la dirección correcta, y que el efecto mayor se debe notar el presupuesto del próximo año, aunque lo calificó como “insuficiente”, reclamando medidas más profundas respecto a los presupuestos de la Asamblea Nacional y de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como la revisión de los subsidios.
Sobre la Asamblea, dijo que “lo que la población está pidiendo son muestras reales de austeridad y entre ellas está ajustar el presupuesto de forma categórica, acabar con esas planillas que no se justifican”, en referencia, por ejemplo, a los promotores deportivos. “La ciudadanía está esperando cambios más radicales... Que se debata públicamente el presupuesto detallado de la Asamblea para el próximo año”.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, dijo que todo lo que se ha presentado debe concretarse, pero también profundizarse.
Se refirió a la necesidad de impulsar una ley de servicio público moderna, alejando el concepto de Estado como gran empleador. Dijo que se debe revisar la actividad de los funcionarios. “Tenemos que construir un Estado austero que implique que el funcionario ejerza una actividad que sea auditable”, fortalecer la actividad fiscalizadora de la Contraloría y generar una auditoría ciudadana, propuso.
Balance fiscal
Además de las medidas anunciadas por Cortizo, el MEF efectuó una reestructuración dinámica del presupuesto, con contención que implica tanto gasto de funcionamiento como de capital. González dijo que ya se ejecutó la reestructuración de $216 millones y se está en proceso para hacer lo propio con otros $55 millones.
Con estas acciones, el Gobierno espera no afectar la posición fiscal, ya que este año hay una reducción en la meta de déficit a un 4%. No obstante, De La Guardia considera que esto será difícil por las presiones que están surgiendo en el gasto. Solo para subsidiar el combustible por tres meses, el Gobierno ha previsto $200 millones, una medida que podría ser prorrogada.
Además, el Gobierno se ha comprometido en la mesa única de diálogo a subsidiar una serie de alimentos y quedan en el debate temas pendientes como los medicamentos. Por otra parte, los subsidios que se aprobaron en la pandemia, que estaban programados hasta junio, fueron extendidos hasta fin de año, mientras el ingreso se puede ver afectado por la ralentización de la economía.
Las agencias de calificación de riesgo Moody’s y Fitch han señalado recientemente que en esta coyuntura se elevan los desafíos para cumplir con la meta de déficit. Sobre los planes de austeridad anunciados por el Gobierno, Fitch cree que “es poco probable que se realicen grandes y rápidos ahorros a través de estas medidas”.
