Esta semana marca un hito importante en el proceso de salida del país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la que está Panamá desde el inicio de la administración Cortizo. Justo una de las promesas del mandatario fue trabajar intensamente para salir de esta lista.
Por tres días se lleva a cabo la visita in situ que hacen representantes del organismo financiero en Panamá. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se darán detalles del proceso porque “las reuniones son confidenciales”.
Según información del sitio de Gafilat, la visita se centra en evaluar la implementación de las reformas anti lavado aprobadas y las que están por entrar en vigencia, así como verificar “que siga existiendo la voluntad política para seguir implementándolas en el futuro”
Tras la visita, la delegación de GAFI deberá hacer un reporte que presentarán ante el International Co-operation Review Group (ICRG) entidad que revisa y monitorea las jurisdicciones de alto riesgo y recomienda medidas específicas para mitigar el riesgode lavado de activos y financiamiento del terrorismo que surge de aquellas. Dicho reporte –nuevamente de acuerdo al MEF– “es confidencial”. Este reporte es el que se discutirá en el organismo en su próxima reunión plenaria pautada para el 27 de octubre.
La visita se da luego de que el organismo reconociera en junio pasado que Panamá había cumplido “sustancialmente” con el Plan de Acción de cara a una eventual salida de la lista. El país se comprometió a cumplir el plan en junio de 2019, en el último mes de la administración de Juan Carlos Varela, quien irónicamente, gastó en febrero de 2016 unos $25,000 en una fiesta en la Presidencia para celebrar la salida –esa vez– de la misma lista.
Los hitos del Plan de Acción cuyo cumplimiento reconoció el organismo en junio incluyen la identificación de los vacíos legales en el marco jurídico para atacar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el perfilamiento de los emisores no autorizados de remesas, la aplicación de la supervisión basada en riesgo, las sanciones por violaciones a las leyes anti-lavado, la aprobación e implementación del registro de beneficiarios finales y el análisis de los riesgos del mal uso de directores de empresas para operaciones opacas.
Otro punto del plan de acción que el GAFI está evaluando esta semana en Panamá es el resultado de esos cambios, lo que a primera vista se traduce en procesos penales por lavado de dinero, la fortaleza del país para investigarlos y condenarlos, la aplicación de las sanciones correspondientes tanto por evasión fiscal como por el uso indebido de la plataforma financiera, que incluye sociedades anónimas, bancos, servicios contables y legales para facilitar el lavado de activos y otros crímenes.
Amplios sectores esperan con expectativa que se anuncie la pronta salida de Panamá de esta lista del GAFI, porque esto ayudaría también a la salida del país de otra lista, la de los países y territorios no cooperadores a efectos fiscales de la Unión Europea.
En este sentido, la inclusión de Panamá en la lista del GAFI en 2019 no acarreó la salida de bancos corresponsales como sí lo hizo en su momento la inclusión en 2016, quizás por el contexto de la publicación de la investigación Panama Papers ese año.
Sin embargo, estar en la lista encarece el funcionamiento del sector bancario, ya que aumenta los costos de due diligence tanto de las empresas locales como las internacionales que se establecen aquí.
