First Quantum Minerals Ltd. (FQML), que maneja el proyecto Cobre Panamá a través de su filial Minera Panamá, S.A., calcula que el cierre planificado y definitivo de la mina en Donoso tardará “al menos entre cinco a 10 años”.
También hizo un llamado al gobierno para “impulsar el diálogo para encontrar soluciones”, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara que su concesión es inconstitucional y, por tanto, jurídicamente inexistente.
La empresa recordó que ha invertido $10 mil millones en Panamá “de buena fe” y que la sentencia de la Corte, con fecha del 28 de noviembre pasado, “no considera el catastrófico daño financiero, social y ambiental que esto provocará”, sostiene FQML, en un comunicado divulgado este 29 de noviembre.
Aunque el pleno de la Corte, en un fallo de 234 páginas, declaró por unanimidad que la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato con Minera Panamá, infringe 25 artículos de la Constitución, para First Quantum esa decisión “refleja el descontento social respecto a la minería en Panamá” y sostiene que permanece “abierta al diálogo constructivo”.
Ante las declaraciones formuladas por el Gobierno de Panamá, en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, anunciado el martes 28 de noviembre de 2023 (el Fallo), Cobre Panamá reitera que la transparencia y el… pic.twitter.com/RomAbO3f80
— Cobre Panamá (@Cobre_Panama) November 29, 2023
El comunicado termina con la advertencia de que la empresa “se reserva todos los derechos legales para proteger su inversión, prioriza la seguridad y el bienestar de sus empleados y se mantiene abierta al diálogo constructivo y transparente”.
Panamá afirma que está preparada para defender los intereses nacionales. #TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/JQfdLPzsnd
— Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) November 26, 2023
El pasado 26 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) anunció que FQML y Franco Nevada Corporation habían enviado dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá, apelando al tratado de libre comercio entre Panamá y Canadá.
