Los contrastes entre las promesas de los políticos y la descripción que ha hecho la calificadora de riesgos Fitch Ratings de nuestra realidad política, económica y financiera son preocupantes, porque son discursos profundamente disímiles. Tan distantes son, que Fitch rebajó la semana pasada la perspectiva en la calificación de Panamá de estable a negativa, y decidió mantener la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera a largo plazo en BBB-.
Y son múltiples los factores que llevaron a la calificadora a emitir una opinión desvaforable, basada en lo que todos los días vemos, pero a lo que poca atención le ponemos. Estas advertencias son el principio de escenarios que podrían llevarnos a perder el grado de inversión. No será de un día para el otro, pero desde hace tiempo las calificadoras lo vienen advirtiendo.
El proceso para obtener el grado de inversión tomó no solo tiempo, sino medidas económicas y financieras, cuya prudencia la propiciaron. En 2010, cuando las calificadoras otorgaron el grado de inversión –la primera de ellas fue Fitch, el 23 de marzo de ese año– las políticas fiscales impulsadas por gobiernos anteriores habían tenido un impacto positivo y el crecimiento económico era estable y con perspectivas de mejoramiento. Ahora, Fitch nos advierte que hay peligros que tendrán un impacto negativo a corto y mediano plazo.
¿Cuáles son esos factores de riesgo? Consideremos que esta opinión refleja nuestra realidad no solo de ahora, sino la acumulada en los últimos años, y cuya suma nos ha llevado a donde hoy estamos:
1.- Fitch dice que “el gobierno ha dependido en gran medida de medidas puntuales y maniobras contables para reducir los déficits fiscales durante el último año”. Es decir, cuando el gobierno nos dice que está en regla respecto a la ley del déficit fiscal, no nos dice la verdad. Contablemente, nos hacen ver que se cumplen las metas, pero hay en realidad maquillaje de por medio. Y eso no es más que un engaño a sí mismos y a nosotros. Especialmente a nosotros. Gastan más que lo que produce el país y la diferencia entre ingresos y egresos la cubren con deuda, que ha crecido como nunca.
2.- Los subsidios. Aunque Fitch nos habla del de combustible –innecesario, salvo por razones electoreras– y el de la electricidad, lo cierto es que Panamá tiene una enorme cantidad de ayudas que deberían ser revisadas para ser mejor dirigidas. Otros deberían ser eliminados, como el del combustible, precisamente.
3. Fitch también advierte que “la creciente factura de intereses” ejerce presión sobre el déficit fiscal de 2023, así como el crecimiento del gasto presupuestario en 2024, el cual, considerando las maniobras contables para disimular el déficit, puede resultar en mayor deuda pública, sin contar los problemas financieros de la Caja de Seguro Social (CSS), que también podrían terminar en más deuda para el país.
Futuro incierto
Ahora bien, Fitch nos dice dónde está fallando el Gobierno y lo que hay que hacer para solucionar esos problemas. Pero la calificadora nos previene sobre las decisiones que la sociedad, en su conjunto, debe tomar para cumplir las metas que nos plantea a futuro.
Para empezar, Fitch coincide con nuestra realidad inmediata: “El resultado de las elecciones [de mayo de 2024] sigue siendo incierto”. Las alianzas políticas apenas se están conociendo en estos momentos, y es muy pronto para adelantar un probable resultado. Su expectativa es que la nueva administración sea elegida de un partido [o alianza] de oposición, como ocurrió en 2019 con Laurentino Cortizo. Sin embargo, desde entonces –cabe recordar– sus niveles de aceptación han ido cayendo, al grado de que su gobierno es virtualmente rechazado, según diversas encuestas de opinión pública.
Pero ni siquiera esta es la peor incertidumbre que proyecta Fitch. Su mayor duda es la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), favorito en las elecciones, que aventaja a los demás candidatos “por un amplio margen”. Fitch recuerda que un tribunal ya condenó a Martinelli a más de 10 años de prisión por lavado de dinero.
Esta incertidumbre no es poca cosa y tendría dos lecturas. La primera es que Fitch nos dice que Martinelli, con una condena a cuestas se le permite continuar con su candidatura mientras tramita sus apelaciones. Esto causa incertidumbre, porque si fracasa, quedaría descartado del torneo electoral. Pero ese es un problema que Martinelli ya resolvió nombrando su suplente a su esposa, pero que el Tribunal Electoral ha rechazado en primera instancia por posible incumplimiento de la Constitución.
La segunda es que la propia candidatura de Martinelli genera incertidumbre porque, habiendo sido condenado por lavado de dinero y al pago de una cuantiosa multa, si ganara las apelaciones y las elecciones en 2024, se abrirían de par en par las puertas de la dudas sobre su legitimidad moral para conducir el país; sobre su pesada influencia en el sistema judicial o su rol en las relaciones de Panamá en la comunidad internacional en materia de seguridad, economía, cooperación, etc.
Las promesas de Martinelli de que “vamos a construir un Panamá donde todos tengan oportunidades; un Panamá del que podamos sentirnos orgullosos otra vez… Estoy aquí para ofrecerles una alternativa, un camino hacia un Panamá más justo, próspero e igualitario. Mi propuesta es simple: Volveremos a mejorar tu vida y la de todos otra vez… Les prometo que mejores días están por venir” entran en el terreno de la especulación, no solo porque podría quedar fuera de las elecciones, sino porque la realizad financiera del país frente a los organismos internacionales, como las calificadoras, es incierta.
Pero, además, a la luz de nuestra presente realidad y la del cuestionado pasado del expresidente, es improbable que pueda –o quiera– cumplir sus promesas. Al igual que en 2010, Martinelli heredó el grado de inversión, y en esta ocasión, lejos de las buenas perspectivas de 2010, heredará una realidad llena de problemas que requieren urgentes soluciones y que, por su trayectoria, difícilmente le haría frente.
Solo hay que recordar que durante su gobierno nada hizo por solucionar la crisis que se avecinaba con las finanzas de la CSS y que ahora son un serio problema; que su política económica muchas veces respondió a la improvisación y que, al igual que el presente gobierno, elevó la deuda a niveles sin precedentes. Ello, sin contar con la corrupción, que hoy es objeto hoy de varios procesos judiciales. Esa es su trayectoria y nada indica que cambiará.
