El costo estimado de la emergencia nacional provocada por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado viernes 9 de octubre no alcanza el umbral legal para recurrir al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), equivalente al 0.5% del producto interno bruto (PIB), unos $450 millones.
El pasado sábado, el Gobierno declaró el estado de emergencia durante una sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete, para priorizar la ayuda a las familias afectadas por el movimiento telúrico en el país.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que Panamá cuenta con recursos para atender los daños y las necesidades más urgentes, por lo que no ha sido necesario recurrir al FAP ni iniciar los procedimientos establecidos por ley para utilizar sus recursos.
El titular del MEF, Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno ha gestionado ayuda no reembolsable que no represente afectaciones para la economía nacional y sostuvo que la declaratoria de emergencia está limitada a las situaciones derivadas del potente sismo.
Por su parte, el FAP expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas y señaló que se mantiene atento a la evolución de la situación, en comunicación con las autoridades competentes.
El Fondo es un mecanismo de ahorro de largo plazo y estabilización financiera del Estado, concebido para contribuir a la capacidad de respuesta del país ante circunstancias extraordinarias. Su utilización está sujeta a una evaluación de las necesidades financieras y al cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación.
La entidad reiteró que mantiene una posición financiera sólida y que continuará coordinando con el MEF y las autoridades competentes, preparado para cumplir su propósito cuando las circunstancias lo requieran, conforme a la ley.
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