El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley de fomento turístico que contempla incentivos fiscales diferenciados por región para atraer inversión nacional y extranjera, promover nuevos proyectos y modernizar la infraestructura turística existente.
La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que la iniciativa busca reemplazar la Ley 80 de 2012, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2025.
El proyecto contempla cinco áreas principales: nuevos establecimientos de alojamiento turístico; renovación y modernización de la planta turística existente; desarrollo de nuevos productos y experiencias; turismo náutico y marinas; y congresos, convenciones y eventos internacionales.
Además, incorpora mecanismos dirigidos a fiscalizar el uso de los beneficios, entre ellos una fianza de cumplimiento, controles conjuntos de la ATP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), trazabilidad de los bienes exonerados, prohibición de duplicar beneficios fiscales y evaluaciones periódicas sobre el costo-beneficio de la legislación.
De León aseguró que el objetivo es evitar que los incentivos turísticos sean utilizados para financiar proyectos que no correspondan a esta actividad.
“Queremos incentivar el turismo, no queremos que una ley turística sea utilizada para subsidiar desarrollos inmobiliarios o actividades que no tengan una verdadera naturaleza turística”, señaló.
Otro de los componentes de la propuesta es establecer incentivos diferentes según la ubicación de las inversiones.
Para los proyectos de alojamiento turístico que se desarrollen en el Caribe panameño, se propone una exoneración del impuesto sobre la renta durante 15 años y del impuesto de inmueble por el mismo periodo. También se contemplan beneficios relacionados con la importación de materiales de construcción durante cinco años y equipamiento durante 10 años.
En el caso de los proyectos desarrollados fuera del distrito de Panamá, la propuesta establece exoneraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto de inmueble durante 10 años, además de incentivos para materiales de construcción por tres años y equipamiento por cinco años.
“Donde existe mayor brecha de inversión turística, queremos que exista también un mayor estímulo para invertir”, explicó De León.
La iniciativa también permitiría que hoteles y otros productos turísticos que ya se encuentran en operación puedan acogerse al régimen para realizar inversiones destinadas a su renovación y modernización.
Además, la ATP tendría la facultad de establecer una guía de los productos turísticos que se busca fomentar de acuerdo con las necesidades y oportunidades de cada región. Entre ellos podrían incluirse museos interactivos, centros de interpretación, atracciones temáticas y experiencias culturales, ambientales y tecnológicas.
La propuesta también contempla la creación de una ventanilla única administrada por la ATP, con participación de entidades como el MEF, Aduanas y el Ministerio de Ambiente.
El mecanismo tendría como objetivo centralizar y agilizar los permisos, registros, autorizaciones y certificaciones necesarios para desarrollar proyectos turísticos.
Dicho proyecto ahora debe ser presentado ante la Asamblea Nacional para su posterior discusión.
