El Consejo de Gabinete aprobó este martes 10 de junio de 2025 la Resolución 57-25, que establece una serie de medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto público.
Así lo dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien detalló que esta medida forma parte de una reestructuración del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025.
Según informó el Gobierno, la decisión responde a un escenario fiscal en el que los ingresos disponibles son inferiores al total de los gastos autorizados.
El ministro Chapman señaló que se adoptará un plan de ajuste que contempla una reducción de hasta 1,900 millones de dólares, distribuidos entre gastos de funcionamiento e inversión. Del total, 426.5 millones corresponden a funcionamiento y 1,473.5 millones a inversión.
Según lo manifestado por el Gobierno, los ajustes salariales automáticos han crecido a un ritmo superior al de los ingresos públicos, al gasto general del gobierno y a la inflación.
“El objetivo es garantizar una política fiscal prudente y sostenible, respetando el límite máximo de déficit fiscal permitido para este año, que es del 4% del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero”, indicó Chapman.
De acuerdo con el comunicado oficial, la mayor parte del recorte afecta al Gobierno Central, con una disminución de 1,536 millones de dólares, seguida por las instituciones descentralizadas (298.8 millones), los intermediarios financieros (36.5 millones) y las empresas públicas (28.7 millones).
Chapman reiteró que la contención del gasto es una medida necesaria para preservar la estabilidad fiscal del país ante una disminución proyectada en los ingresos del Estado. Subrayó que el Gobierno mantiene el compromiso de ejecutar políticas responsables que aseguren el desarrollo económico y el cumplimiento de las metas sociales.
Los ajustes salariales automáticos han crecido a un ritmo superior al de los ingresos públicos, al gasto general del gobierno y a la inflación. En el último año, representaron un costo fiscal de 324 millones de dólares, mientras que otros gastos rígidos ascendieron a 1,282 millones.
Las medidas serán implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con las entidades públicas correspondientes, que deberán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias.
La resolución del Gabinete será enviada a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República y a otras instancias competentes.
