El gobierno se reunirá la próxima semana, específicamente el 16 de agosto, con miembros de la Confederación de Jubilados y Pensionados para hablar sobre mejoras a sus aspiraciones. Así consta en una carta de convocatoria firmada por el viceministro de la Presidencia, Carlos García, fechada el pasado 10 de agosto y dirigida a funcionarios clave.
Entre los convocados están los ministros de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el de Comercio e Industrias (proponentes del contrato con Minera Panamá), Federico Alfaro, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, el gobernador de Bocas del Toro, Eleazar Gómez y el administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Público, (ASEP), Armando Fuentes.
La misiva plasma como objetivo de la reunión “plantearnos y sustentar sus aspiraciones de mejoras en diferentes temas que tocan a su entidad y conocer de primera mano los avances y posibilidades de hacer realidad las propuestas enmarcadas en el Proyecto de Ley del Contrato Minero”.
En ese contexto, reunidos con la Confederación de Jubilados y Pensionados, el tono de la carta da cuenta de un claro condicionamiento de las aspiraciones de mejora en las pensiones mínimas que reciben los jubilados y pensionados en Panamá a la aprobación del contrato minero, que espera primer debate en la Asamblea.
El MICI presentó el contrato ante la Asamblea el pasado 3 de agosto. Ese mismo día, el ministro de esa cartera, Federico Alfaro, dijo a La Prensa que del fideicomiso creado en este contrato se destinarían casi 200 millones de dólares al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, los que se usarían para aumentar las jubilaciones a aquellos que perciben menos de 350 dólares, al mes.
Ministro de Comercio e Industrias afirmó que con parte del fideicomiso minero se aumentarían las pensiones a quienes reciben menos de $350. Video: Rekha Chandiramani pic.twitter.com/fBSBWeciq0
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 12, 2023
Sin embargo, en marzo del año pasado, el gobierno anunció que 50% del fideicomiso –unos 200 millones de dólares- irían a fortalecer el subsistema solidario del IVM, que mantiene un déficit anual creciente y cuyas reservas están calculadas a extinguirse en los próximos dos años.
Pero para algunas organizaciones y representantes de la sociedad civil, un problema es la situación financiera del IVM cuyos recursos se agotarán para poder cumplir con el pago de las jubilaciones y otro es el problema de bajos ingresos por las pensiones mínimas de muchos jubilados.
De acuerdo al economista y ex director de la CSS, Juan Jované, este condicionamiento del gobierno juega con la necesidad de los pensionados, muchos de los cuales están por debajo de la línea de la pobreza. Jované calificó el hecho como un “mecanismo propagandístico” e “inhumano”.
En números simples, según su análisis, tampoco se resolvería ni el problema del IVM ni el de las pensiones mínimas, porque el déficit provocado con la Ley 51 causó un hueco tan grande en el subsistema solidario que no se llena con los 200 millones de dólares que aportaría la mina, y el problema no dejará de agravarse a medida que se acaben las reservas del subsistema.
Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dice que es bueno que el presidente Cortizo haya hablado del aumento de las pensiones ínfimas y que otra parte sería para fortalecer el programa de IVM, pero reitera que tal aporte al IVM “no es suficiente para la sostenibilidad en el tiempo del programa”.
