La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) podría intervenir temporalmente a las empresas distribuidoras de electricidad cuando incurran en faltas que comprometan la continuidad del servicio, de prosperar un proyecto de ley avalado este martes 4 de agosto por el Consejo de Gabinete y que será enviando a la Asamblea Nacional.
La propuesta, autorizada mediante la Resolución No. 83-26, modifica la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula la prestación del servicio público de electricidad, con el objetivo de fortalecer las facultades de fiscalización de la Asep y corregir “deficiencias” en el mercado eléctrico.
El proyecto surge en medio de las reiteradas quejas de los usuarios debido a interrupciones del suministro, fluctuaciones de voltaje, daños a electrodomésticos y demoras en los procesos de atención, compensación e indemnización.
Uno de los cambios más relevantes es que la Asep podrá asumir temporalmente la administración de una empresa distribuidora mientras corrige las irregularidades detectadas o hasta que concluya el proceso de rescisión del contrato de concesión o de la licencia correspondiente.
Para ello, la entidad designará un interventor, cuyo salario será cubierto por la propia empresa intervenida. Además, el funcionario no podrá mantener relaciones comerciales o profesionales con la compañía, sus filiales o su grupo económico durante los dos años siguientes a la intervención.
Otro de los cambios plantea un endurecimiento del régimen sancionador. Las empresas distribuidoras podrán ser multadas con hasta 20 millones de dólares por infracciones a la ley o por incumplimientos de los contratos de concesión, un incremento significativo respecto a las sanciones vigentes.
Más de 5,100 reclamaciones en seis meses
La reforma se presenta mientras aumentan las reclamaciones de los usuarios contra las distribuidoras eléctricas.
Durante el primer semestre de 2026, la Asep admitió 5,114 reclamaciones relacionadas con el servicio eléctrico. Edemet concentró el 61% de los casos, seguida de Ensa, con el 32%, y Edechi, con el 7%.
Los reclamos aumentaron de manera sostenida durante el semestre: pasaron de 563 en enero a 1,291 en junio, el mes con el mayor número de casos.
El principal motivo de las reclamaciones fue el alto consumo reflejado en las facturas, con 3,955 expedientes, seguido por daños a aparatos eléctricos (344) y denuncias por fraude (315).
Al cierre de 2025, Edemet atendía 596,848 clientes, Ensa 538,420 y Edechi 186,671 usuarios.
Más obligaciones para las distribuidoras
El proyecto también incorpora nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras, entre ellas la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, mayores estándares de transparencia y compromisos de inversión para modernizar la red eléctrica.
Asimismo, establece reglas para garantizar mayor transparencia en la información que reciben los clientes, fija plazos para la atención de reclamos y mantiene el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio.
La propuesta también incorpora la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas como una obligación propia de las empresas distribuidoras. Según la administradora general de la Asep, Zelmar Rodríguez, esta medida permitiría llevar energía eléctrica a unas 150 mil familias que actualmente carecen del servicio.
