En el último año completo de gestión de Laurentino Cortizo el país se enfrenta a una recaudación de impuestos más baja de lo que se había proyectado para cubrir los enormes gastos que se siguen generando, lo que ahora explicaría la maniobra de aprobar una ley que permite cobrar, por adelantado, ciertos impuestos correspondientes a los años 2024 y 2025.
Un informe preliminar de recaudación indica que los ingresos corrientes acumulados a septiembre 2023 totalizaron $5,530 millones. Esto representa un déficit de $116.9 millones comparado con el presupuesto, aunque en referencia con el año anterior muestra un aumento de $563.2 millones, de acuerdo con la Dirección General de Ingresos (DGI).
Resulta esencial monitorear el comportamiento de los ingresos para comprender cómo el Gobierno respaldará las operaciones estatales, cuál será el destino de los proyectos que se ejecutan, el ritmo de las inversiones, los pagos a proveedores y el manejo de la deuda, que suele ser una opción cuando los recursos propios resultan insuficientes.
Cuando la DGI segrega el comportamiento de los ingresos acumulados a septiembre 2023, se observa que los tributarios ascendieron a $4,005 millones, lo que implica un déficit de $250.4 millones, en comparación al presupuesto.
Respecto al año anterior, estos aumentaron apenas $73.3 millones.
En tanto, los impuestos directos, por ejemplo, mostraron un déficit de $48.8 millones o 2.1% respecto a lo presupuestado.
Según la DGI, los impuestos indirectos tuvieron un déficit de 10.7% respecto al presupuesto ley, lo que es igual a $201.5 millones.
Los ingresos no tributarios, por su parte, fueron los que marcaron una diferencia positiva, al sobrepasar la meta con $222.5 millones por encima del presupuesto.
Al cierre del primer semestre, el director general de Ingresos, Publio De Gracia, dijo a este diario que el comportamiento de los ingresos corrientes acumulados hasta junio reflejaban las medidas de extensión del año fiscal hasta el 13 de enero de 2023, plazo que se otorgó a los contribuyentes para la cancelación de obligaciones tributarias ante la DGI.
La medida tuvo como consecuencia que los ingresos recibidos en ese periodo de extensión se computaran en el ejercicio fiscal 2022, sacrificando así la recaudación de 2023, ha mencionado la DGI.
El sacrificio del que hablan las autoridades parece extenderse año tras año, pero con ciertas agravantes.
Ahora la Asamblea Nacional aprobó la Ley 401 del 5 de octubre de 2023, en la que se estableció que se le otorgará un descuento de 25% a todos los contribuyentes que al entrar en vigencia la presente ley y antes del 30 de noviembre de 2023 paguen el 100% del impuesto de inmueble correspondiente al período fiscal de 2024.
Igual descuento se le concederá a los contribuyentes que cancelen el 100% correspondiente a la Tasa Única correspondiente al período fiscal de 2025.
Esto quiere decir que dichos ingresos, cuyos pagos deberían estar programados para los próximos dos años, se adelantarán para computarlos en el presente año fiscal, con lo cual el Gobierno tendría la obligación de encontrarle una renta sustituta, advirtió el economista Francisco Bustamante, a través de mensajes vía Whatsapp.
Para el abogado tributarista Adolfo Campos también sería lógico buscar cómo se reemplaza la entrada de esos ingresos o reducir los gastos para el siguiente ejercicio fiscal.
En el análisis de la ley recientemente aprobada, Bustamante recalcó que la norma otorga descuentos anticipados de impuestos que no están vencidos y que por lo tanto esto no es estrictamente una moratoria.
En este sentido explicó que desde hace dos administraciones se ha adoptado la costumbre de gastar con cargo a los presupuestos futuros, pero ahora se ha aderezado la fórmula con una partida inflada en el renglón de gastos en el presupuesto para 2024.
Esto da como resultado la letal combinación de engrosar gastos mientras se eliminan ingresos en un año electoral, en el cual el país estrenará nueva administración presidencial. “Estas medidas podrían vulnerar el mandato de constitucionalidad de la organización del presupuesto”, precisó.
Se refiere al hecho que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha planificado un presupuesto sobrestimado por $4,092 millones, monto que se ha categorizado como “ajuste” o subejecución.
Es decir, dinero que no se podrá ejecutar bajo la justificación de que el próximo año el funcionamiento del Estado se ralentiza, con la llegada de un nuevo Presidente, pero la realidad es que los ingresos no alcanzarán para cubrir todos los gastos programados y desde este año anticipan el ajuste de $4,092 millones.
Además, se exonerarán completamente aquellas multas aplicadas por la DGI a los contribuyentes que hubieran presentado de forma tardía la Declaración denominada Planilla 03 para el periodo fiscal 2022 y el formulario de ventas para el período fiscal 2022.
Ley 401
Cuando la Ley 401 fue debatida en la Asamblea, De Gracia señaló que una vez aprobada la norma, se podría generar una oportunidad de recaudación adicional estimada en un rango de $100 millones a $120 millones.
Los cálculos se hacen con base a la información que maneja el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la DGI, que indican que el impuesto de inmueble adeudado por los contribuyentes suma $830 millones, cifra que representa el 27% del total de la cartera morosa de ingresos tributarios y la tasa única acapara el 24%, con un monto de $736 millones.
La alta morosidad en el impuesto de inmueble se produce porque, regularmente el contribuyente acostumbra a pagarlo, prácticamente, al momento de hacer una transacción como la venta de su propiedad, aseguró el director de la DGI.
Con respecto a la tasa única, la DGI ha suspendido 600,000 sociedades anónimas que no han pagado por tres años consecutivos, razón por la que se buscan mecanismos para reactivarlas, según los planes de la entidad.
Para De Gracia, la reglamentación no solo beneficia a quienes están al día, sino también incentiva a lo que desean ponerse al día. “Es un coctel de diferentes opciones...”.
Por ejemplo, condona del 50% de todas multas cargadas o no en el sistema e-Tax 2.0 a los contribuyentes que, a partir de la entrada en vigencia de la norma hasta el 30 de noviembre de 2023, paguen el 50% restante de las multas.
Además, se exonerarán completamente aquellas multas aplicadas por la DGI a los contribuyentes que hubieran presentado de forma tardía la declaración denominada Planilla 03 para el periodo fiscal 2022 y el formulario de ventas para el período fiscal 2022.
Esa misma ley la DGI ha nombrado agentes retenedores, que mantengan morosidad por impuestos retenidos de cuotas inherentes a periodos hasta junio de 2023 en concepto de impuestos sobre la renta y seguro educativo podrán excepcionalmente “hasta el 31 de diciembre de 2023 extinguirlos a los adeudados” pagando directamente a la DGI.
Se refieren a las empresas que retienen estos tributos a los trabajadores, por ejemplo, pero no remiten los mismos al Estado. Algunas tienen esta práctica irregular como costumbre, y otras empresas cerraron en medio de la pandemia y no han regularizado su situación.
La DGI busca más ingresos hasta debajo de las piedras.
