El Gobierno de Hong Kong trasladó este martes 24 de febrero sus “firmes protestas” al cónsul de Panamá en la región semiautónoma china después de que las autoridades del país centroamericano tomasen el control de dos puertos (Balboa y Cristóbal) en manos del grupo local CK Hutchison tras un fallo judicial inapelable.
“El Gobierno de Hong Kong expresa su firme disconformidad y oposición a la toma forzada, por parte del Gobierno panameño, de dos puertos” operados cerca del Canal de Panamá por PPC, filial de CK Hutchison, indica un comunicado publicado en el sitio web del Ejecutivo.
Este martes, un día después de que Panamá tomara el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, el secretario local de Comercio y Desarrollo Económico, Edward Yau, remitió la mencionada protesta al máximo emisario del país centroamericano en Hong Kong.
En opinión de las autoridades de la antigua colonia británica, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de revocar la concesión a PPC −en vigor desde 1997− constituye “un menosprecio a los hechos y una vulneración de la confianza”, al tiempo que “viola el espíritu” del mencionado contrato.
“El Gobierno de Hong Kong condena este acto flagrante”, prosigue el documento, y exige a Panamá que “respete el espíritu de los contratos, que ofrezca un entorno de negocios equitativo y justo para las empresas (...) y que garantice que no se interfiera en sus derechos e intereses legítimos”.
“La decisión y las acciones desproporcionadas del Gobierno panameño han deteriorado la credibilidad del país y han menoscabado de forma grave las reglas del comercio internacional”, sentencia el Ejecutivo hongkonés.
Este lunes, las autoridades panameñas tomaron el control de los mencionados puertos, dos de los cinco que hay en torno al Canal de Panamá y paso del 38 % del total de contenedores que maneja el sistema portuario del país, que ahora quedarán en manos de filiales de la danesa Maersk y la suiza MSC de forma transitoria.
PPC considera que la “toma ilegal” de los puertos es el “punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión”, y hace responsable a Panamá de “todo perjuicio o daño causado por sus acciones confiscatorias”.
La filial de la hongkonesa CK Hutchison afirmó que se reserva “todos los derechos y recursos legales contra el Estado”; a principios de este mes informó del inicio de un arbitraje contra Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), una demanda que ascendería a 2,000 millones de dólares, según un portavoz de la empresa.
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