La diputada Graciela Hernández, del Movimiento Otro Camino, ha desatado una especie de tsunami en el sector logístico y marítimo tras presentar un proyecto de ley que ya superó el segundo debate en la Asamblea.
El proyecto de ley 491 propone un aumento para jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de $600 mensuales, una medida con alto impacto social, pero también con implicaciones fiscales y económicas que han encendido las alarmas en distintos sectores.
Se propone que, para equiparar las pensiones, se imponga un aporte adicional de $1.50 por cada TEU que ingrese al territorio nacional a través de los puertos.
Desde el Ejecutivo ya se anticipan tensiones, mientras que representantes del sector marítimo han reaccionado ante los posibles efectos de la propuesta sobre la competitividad del país.
El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó ayer, martes 28 de abril, el proyecto en segundo debate, lo que acerca la iniciativa a su eventual aprobación final. Se estima que la ley beneficiaría a 95 mil pensionados.
La Cámara Marítima advirtió que Panamá compite con otros centros logísticos de la región por los mismos flujos de carga, por lo que un aumento en los costos de movilización de contenedores podría traducirse en menor volumen, desvío de mercancías hacia otros destinos y una pérdida de competitividad.
La idea original era obtener los fondos para los jubilados a través de las empresas que participan en el sector de las telecomunicaciones, pero luego mutó y terminó recargando la responsabilidad en el sector portuario.
El proyecto promueve que, para la gestión del dinero, se cree un fondo administrado mediante un fideicomiso, cuyo fideicomitente sería el Estado panameño, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas.
El fiduciario sería el Banco Nacional de Panamá, en su condición de banco estatal, y los jubilados y pensionados, los beneficiarios.
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechazó enérgicamente el proyecto, particularmente por la propuesta de establecer nuevos cargos económicos aplicables al movimiento de contenedores y a servicios vinculados a la actividad portuaria y logística.
Dicen reconocer la importancia de fortalecer la protección social, pero de una forma bien estructurada. Indican que la figura del fondo puede ser un mecanismo válido, siempre que su financiamiento provenga de recursos ya existentes dentro del Estado.
De acuerdo con el gremio, la propuesta es una medida que no afectaría únicamente a la carga contenerizada o a los operadores portuarios; también impactaría a una plétora de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios alrededor del hub marítimo-logístico panameño.
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