La diputada Graciela Hernández, del Movimiento Otro Camino, ha desatado una especie de tsunami en el sector logístico y marítimo tras presentar un proyecto de ley que ya superó el segundo debate en la Asamblea.
El proyecto de ley 491 propone un aumento en la partida mensual a jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de $600 mensuales, una medida con alto impacto social, pero también con implicaciones fiscales y económicas que han encendido las alarmas en distintos sectores.
Se propone que, para equiparar las pensiones, se imponga un aporte adicional de $1.50 por cada TEU que ingrese al territorio nacional a través de los puertos.
Desde el Ejecutivo ya se anticipan tensiones, mientras que representantes del sector marítimo, empresarial y comercial han reaccionado ante los posibles efectos de la propuesta sobre la competitividad del país.
El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó ayer, martes 28 de abril, el proyecto en segundo debate, lo que acerca la iniciativa a su eventual aprobación final. Se estima que la ley beneficiaría a 95 mil pensionados.
La Cámara Marítima advirtió que Panamá compite con otros centros logísticos de la región por los mismos flujos de carga, por lo que un aumento en los costos de movilización de contenedores podría traducirse en menor volumen, desvío de mercancías hacia otros destinos y una pérdida de competitividad.
El proyecto promueve que, para la gestión del dinero, se cree un fondo administrado mediante un fideicomiso, cuyo fideicomitente sería el Estado panameño, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas.
El fiduciario sería el Banco Nacional de Panamá, en su condición de banco estatal, y los jubilados y pensionados, los beneficiarios.
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechazó enérgicamente el proyecto, particularmente por la propuesta de establecer nuevos cargos económicos aplicables al movimiento de contenedores y a servicios vinculados a la actividad portuaria y logística.
Dicen reconocer la importancia de fortalecer la protección social, pero de una forma bien estructurada. Indican que la figura del fondo puede ser un mecanismo válido, siempre que su financiamiento provenga de recursos ya existentes dentro del Estado.
De acuerdo con el gremio, la propuesta es una medida que no afectaría únicamente a la carga contenerizada o a los operadores portuarios; también impactaría a una plétora de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios alrededor del hub marítimo-logístico panameño.
¿Giro de timón o camarón legislativo?
El proceso legislativo del proyecto 491 experimentó transformaciones significativas desde su concepción original, como anteproyecto 189, hasta la aprobación de su texto único en primer debate.
Los cambios fundamentales se centran en el alcance de los beneficiarios y, principalmente, en la fuente de financiamiento.
La propuesta planteaba en un principio destinar el 10% de los ingresos de las concesiones de telecomunicaciones para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero luego se determinó que los fondos debían provenir de un nuevo canon o cargo a los contenedores que ingresaran al país.
Mientras que la propuesta inicial se enfocaba en pensiones inferiores a los $450 mensuales, el documento aprobado en segundo debate extiende este “ingreso complementario” a todos los jubilados y pensionados cuyos pagos actuales sean menores a $600.
Según el texto de la norma, este beneficio no constituirá salario ni pensión, será inembargable y se pagará de manera quincenal a los beneficiarios.
En su momento, Hernández sustentó la iniciativa y a ella se unieron como coproponentes los diputados José Pérez Barboni, Ernesto Cedeño y Betserai Richards.
Rechazo unánime
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa coincidió con los argumentos de la Cámara Marítima de Panamá. El gremio reconoció la necesidad de fortalecer las pensiones de quienes reciben menos de $600, pero advirtió que imponer nuevos cargos a los contenedores afectaría la competitividad de Panamá.
Rechazaron la propuesta y advirtieron los efectos para el sector logístico aporta cerca del 11.8% del PIB panameño y genera empleos.
Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, pidió un análisis técnico integral que garantice la viabilidad del proyecto sin frenar el crecimiento, y reiteró la disposición del gremio a aportar en la búsqueda de financiamiento sostenible.
En esa misma línea, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifestó su rechazo al proyecto, al considerarlo una medida “improvisada, peligrosa y sin sustento técnico”.
El gremio advirtió que la iniciativa podría poner en riesgo la estabilidad económica, la competitividad del país y la seguridad jurídica.
Si bien reconocen como válida la intención de apoyar a los jubilados de menores ingresos, sostienen que se trata de un error de política pública al intentar resolver un problema estructural mediante decisiones aisladas que trasladan costos a sectores productivos clave.
