La aplicación del Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a las viviendas nuevas está generando alertas en el sector por su efecto directo en la actividad económica, el empleo y el acceso de los consumidores al mercado inmobiliario.
Durante un conversatorio en el que participaron representantes del Consejo Nacional de la Vivienda (Convivienda), el economista Eric Molino Ferrer y el experto laboral René Quevedo, se advirtió que la medida no solo encarece la compra, sino que introduce un freno en toda la cadena productiva vinculada a la construcción.
Desde el punto de vista económico, los análisis indican que el aumento de costos impacta de forma inmediata la demanda, por lo que se prevé una caída más acentuada de las ventas.
Aunque este impuesto, que equivale al 2% del costo total de venta de la vivienda, lo paga a la Dirección General de Ingresos el promotor o desarrollador, Convivienda alerta que la realidad es que en la práctica esta tasa va a incrementar los costos y se traspasará el cargo directamente al consumidor que tendrá que pagarlo en el precio de la vivienda.
El cobro de este impuesto, siempre estuvo exento para promover la venta de viviendas nuevas y a la industria de la construcción. Solo lo pagaban las viviendas de segunda.
Elisa Suárez, directora de Convivienda advirtió que cualquier impuesto que se aplique a la vivienda termina irremediablemente trasladándose al precio final que paga el consumidor. En la mayoría de los casos no es un costo que asuma el desarrollador; ese costo se refleja directamente en lo que paga la familia.
“Este impuesto va a afectar a las familias de menos poder adquisitivo”, dijo.
Al tratarse de un mercado altamente sensible al precio, el impuesto reduce la capacidad de compra de los hogares y retrasa decisiones de adquisición de viviendas, lo que termina traduciéndose en menos ventas.
Este efecto, además, envía una señal negativa a los desarrolladores: ante menores colocaciones, se desacelera el inicio de nuevos proyectos, afectando la oferta futura de viviendas.
En cifras, el impacto proyectado es significativo. El estudio económico presentado por Eric Molino, advierte que alrededor de 6,700 créditos hipotecarios se retrasarían y 762 podrían perderse, lo que implicaría $526 millones menos en financiamiento y una caída de hasta $1,300 millones en actividad económica, además de una reducción de más de $120 millones en recaudación tributaria.
Molino indicó que el impuesto apenas generaría cerca de $37 millones, muy por debajo del efecto negativo que produciría en la economía.
El deterioro del sector ya es visible en los datos de Convivienda. Elisa Suárez detalló que en 2025 se vendieron 4,020 viviendas, una caída de más de 34%, y que el sector acumula reducciones cercanas al 55% en los últimos dos años.
Además, la actividad constructiva ha mostrado desplomes en distintas regiones, con caídas que superan el 40% en algunos segmentos, reflejando un freno sostenido en la inversión y en la colocación de unidades habitacionales.
El impacto se extiende al empleo. René Quevedo advirtió que el país atraviesa una coyuntura laboral crítica, marcada por la pérdida de empleos formales y el aumento de la informalidad. En los últimos años, Panamá ha perdido 24 mil empleos asalariados del sector privado, mientras aumentaron 264 mil trabajadores informales, y solo en el interior se han registrado pérdidas de más de 100 mil empleos vinculados a actividades productivas.
Este deterioro ha reducido la capacidad de compra de las familias y limita su acceso a créditos para vivienda.
Las cifras también evidencian una contracción en el consumo. La pérdida de masa salarial en provincias como Panamá y Panamá Oeste alcanzó unos $60 millones mensuales, lo que derivó en una caída del gasto de los hogares estimada en $128 millones al mes. Este debilitamiento del consumo impacta directamente las ventas de viviendas y otros sectores de la economía, profundizando el ciclo de desaceleración.
En este contexto, los voceros coincidieron en que el efecto del impuesto va más allá de la recaudación fiscal.
Advirtieron que se trata de una medida que puede restringir el acceso a la vivienda, desacelerar la inversión privada y agravar la pérdida de empleo en un momento de fragilidad económica.
En medio de este escenario, el presidente de Convivienda, Norberto Delgado, advirtió que el impacto no es aislado, sino sistémico: menos construcción implica menos empleo, menor consumo y una desaceleración general de la economía.
Recordó que el sector es uno de los principales motores productivos del país y que cada decisión que lo afecta termina repercutiendo directamente en el crecimiento.
Por su parte, Elisa Suárez insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en la recaudación, sino en las consecuencias reales sobre la población.
Subrayó que la vivienda no puede tratarse como una carga fiscal, sino como una herramienta de desarrollo, y advirtió que medidas como este impuesto terminan excluyendo a miles de familias del acceso a una solución habitacional. Ambos coincidieron en que revisar la medida es clave para evitar un mayor deterioro del empleo, la inversión y la capacidad de compra de los panameños.
Los ingresos no alcanzan para comprar una vivienda
Los ingresos de la mayoría de los panameños no alcanzan para acceder a una vivienda formal. Según explicó el economista Eric Molino Ferrer, alrededor del 72% de la población no califica para un crédito hipotecario, principalmente porque sus niveles de ingreso no cumplen con los requisitos del sistema bancario.
Para dimensionar el problema, una vivienda promedio de $75,000 requiere una letra mensual cercana a $300, lo que implica que el hogar debe generar al menos $1,000 mensuales de ingreso y tendrá que pagar una inicial de $3,000 más $1,500 de impuesto (ITBI).
En el caso de viviendas de hasta $120,000, el ingreso necesario sube a $1,500, niveles que están fuera del alcance de una gran parte de la población ocupada.
A esto se suma la limitada capacidad de ahorro. Molino detalló que muchos hogares ya tienen entre 43% y 53% de sus ingresos comprometidos en deudas, lo que dificulta reunir el abono inicial. Incluso, para cubrir el aumento del costo por el impuesto, una familia o una persona con un ingreso de $1,500 podría tardar hasta 10 meses adicionales en ahorrar el dinero necesario para pagar la tasa de 2% más el abono, lo que retrasa o impide la compra de vivienda de forma ágil.
El llamado de los representantes del sector vivienda, así como de los ámbitos económico y laboral, es que el Ministerio de Economía y Finanzas revise nuevamente la Ley de Intereses Preferenciales e incorpore el artículo que permitía la exoneración del Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles para las viviendas nuevas.
Para este año 2026, Convivienda proyecta ventas por $634.75 millones para colocar alrededor de 5,530 unidades habitacionales.
Sin embargo, la aplicación del Impuesto a los Bienes Inmuebles puede atentar contra esas aspiraciones y dejar a muchas familias por fuera del mercado inmobiliario, en un país donde el déficit habitacional es de180 mil viviendas.
