El primer semestre del año cerró con números negativos para el Estado en materia de ingresos. En el periodo entre enero y junio de 2023, los ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central totalizaron $3,256 millones, lo que refleja un déficit de $444.9 millones comparados con el presupuesto vigente.
En tanto, con relación al ejercicio fiscal de 2022, los ingresos reflejan una caída de $100.3 millones o el 3%.
Seguirle la pista al comportamiento de los ingresos es fundamental para entender cómo el Gobierno financiará las operaciones del Estado; cuál será el destino de las obras que ha calculado desarrollar; cuál será el ritmo de las inversiones, los pagos a proveedores y también el comportamiento de la deuda, a la que siempre se recurre cuando los fondos propios no son suficientes.
Los ingresos tributarios representan la mayor parte de las entradas del gobierno central, aportan el 78% del total de los ingresos corrientes en el país.
Precisamente, estos ingresos tributarios acumulados a junio 2023 totalizaron $2,547.2 millones, lo que es igual a $345.5 millones menos que lo presupuestado; mientras que, con respecto a la recolección del año anterior, disminuyeron $139.1 millones.
El director general de Ingresos, Publio de Gracia, dijo a este diario que el comportamiento de los ingresos corrientes acumulados hasta junio reflejan las medidas de extensión del año fiscal hasta el 13 de enero de 2023, plazo que se otorgó a los contribuyentes para la cancelación de obligaciones tributarias ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
La medida tuvo como consecuencia que los ingresos recibidos en ese periodo de extensión se computaran en el ejercicio fiscal 2022, sacrificando así la recaudación de 2023.
Esto influyó “en el déficit observado en términos acumulados hasta junio de 2023″, recalcó el funcionario.
A pesar de la caída del 3% respecto a la recaudación de 2022, De Gracia se siente “optimista” con los ingresos corrientes. Cita, por ejemplo, que solo en el mes de junio la recolección aumentó $147 millones o el 22% en comparación con el mismo periodo de 2022.
Esa relación de lo que se proyecta recaudar y lo que realmente ingresa a la cuenta del Estado cobra relevancia ahora, cuando el Gobierno -a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- presenta el presupuesto del año 2024.
En este presupuesto de 2024 se contabilizan $19,889 millones en la totalidad de los ingresos corrientes, de acuerdo con el director de Presupuesto, Carlos González, lo que representa un alza del 8% respecto a lo calculado en 2023.
Es decir, que, a pesar de las bajas experimentadas este año en materia de recaudación, el Estado sigue haciendo cálculos ambiciosos para sustentar un presupuesto general, que para el año 2024 alcanza los $32,754.5 millones (excluyendo las transferencias entre entidades), lo que representa un incremento de $5,170 millones, comparado con el presupuesto modificado de 2023.
El alza en el presupuesto es inédita. Supera todos los incrementos de años anteriores.
Del 2016 al 2023 aumentó de $24,395 millones a $27,183 millones. Un aumento promedio de casi $400 millones por año; recordó el economista Ernesto Bazán, mientras que en el 2024 aumentaría a $32,754 millones.
¿Cuáles son los riesgos?
Para Bazán hay varias alarmas encendidas: Que los ingresos previstos no se den y que, por lo tanto, aumente el déficit fiscal cuando los gastos se materialicen y los ingresos no alcancen para cubrirlos.
Y si hay más déficit fiscal, la única forma de cubrirlo es con más deuda. “Pagar más a los acreedores implica invertir menos en las necesidades sociales del país y eleva el riesgo soberano, poniendo en peligro el grado de inversión”.
El riesgo es mayor en el contexto de año electoral.
“Usualmente las inversiones se contraen o se suspenden hasta después de conocerse los resultados de las elecciones y ello suele ralentizar la economía. Suponer que el país crecerá 7.5% en un año, puede generar expectativas demasiado optimistas y la falta de ingresos puede poner en aprietos las finanzas públicas de la siguiente administración que tendrá el dilema de: buscar mayores ingresos, tomar mayor deuda o dejar de ejecutar gastos y afectar a la sociedad que más necesita del Estado”, recalcó Bazán.
Por su parte, el MEF alega, con ímpetu, que el proyecto ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2024, cumple con lo estipulado en la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal, que establece el límite máximo de déficit fiscal de 2% con relación al producto interno bruto (PIB).
Según el MEF, “también se contempla la asignación de los gastos de operaciones, en forma proporcional, en un 50% para cada semestre, excluyendo los intereses de la deuda que se atienden según su programación”.
El año pasado no se sobrepasó el máximo del déficit por una creativa maniobra financiera del MEF. Se postergó el pago de $364 millones en intereses de la deuda para reducir el gasto, a fin de cerrar el ejercicio de 2022 con un déficit fiscal dentro del 4% sobre el PIB, el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
En síntesis, el Gobierno dio más tiempo para que los contribuyentes pagaran sus impuestos, y pospuso el pago de intereses a la deuda, lo que le permitió cuadrar las cuentas y no desafiar el límite del déficit.
