Después de más de dos décadas de estudios, cambios de trazado, obstáculos ambientales y negociaciones entre Panamá y Colombia, el proyecto de interconexión eléctrica que busca unir por primera vez los sistemas energéticos de Centroamérica y Suramérica atraviesa un momento de tensa calma.
La obra tiene respaldo político en ambos países, el interés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parte de la inversión y buena parte de los avances técnicos y regulatorios encaminados.
Sin embargo, el futuro de una obra estimada en unos $800 millones depende hoy de un paso que no darán los gobiernos ni las empresas eléctricas, sino las autoridades tradicionales de tres pueblos indígenas panameños.
La relevancia del proyecto volvió a quedar de manifiesto esta semana durante la primera conversación oficial entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
Entre los temas abordados figuró la interconexión eléctrica, considerada por ambos gobiernos como una iniciativa estratégica para fortalecer la integración binacional y la seguridad energética de la región.
El respaldo político llega en un momento clave. Mientras Panamá y Colombia aceleran los aspectos técnicos, ambientales y regulatorios, la obra continúa esperando que las comunidades indígenas panameñas definan cómo quieren desarrollar la consulta libre, previa e informada, un requisito indispensable antes de iniciar la construcción.
Ese proceso dio un giro importante hace pocas semanas. Durante su sesión ordinaria celebrada entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 2026 en la comunidad de Dubwala, el Congreso General Guna aprobó la Resolución No. 6, un documento que redefine la manera en que se discutirá el proyecto dentro de la comarca.
La resolución no representa un rechazo a la interconexión eléctrica. Tampoco una aprobación. Lo que hace es algo distinto: establece que será el propio pueblo Guna, y no el Estado ni la empresa promotora, quien definirá las reglas bajo las cuales se desarrollará la consulta.
Para ello, el Congreso creó la Comisión para el Diseño de la Hoja de Ruta del Proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado, integrada por representantes de las autoridades tradicionales.
Ese grupo tendrá la responsabilidad de elaborar la metodología que regirá la consulta, definir el cronograma, establecer cómo participarán las comunidades, proponer mecanismos de divulgación culturalmente adecuados y presentar una propuesta al próximo Congreso General Guna.
En otras palabras, antes de comenzar a hablar sobre la interconexión, las autoridades indígenas quieren acordar primero cómo será la conversación.
La resolución también dejó sin efecto la propuesta metodológica presentada por ETESA y la comisión interinstitucional del Gobierno durante una reunión celebrada el pasado 29 de marzo.
Para los promotores del proyecto, la decisión tiene una lectura positiva y otra preocupante. La positiva es que el diálogo sigue abierto.
De hecho, el propio Congreso General Guna recordó en la resolución que, durante la asamblea extraordinaria realizada entre el 27 y el 30 de marzo de este año en Assudub, derogó la Resolución No. 1 de 2023, mediante la cual rechazaba el Estudio de Impacto Ambiental categoría III y el proyecto de interconexión eléctrica.
Esa decisión eliminó uno de los principales obstáculos políticos que existían hasta entonces. La preocupación radica en que, por ahora, no existe una fecha para iniciar formalmente la consulta previa.
Para Jorge Hernán Jaramillo Restrepo, gerente general de Interconexión Eléctrica Colombia Panamá (ICP), esa incertidumbre representa hoy el principal desafío de una iniciativa que, desde la perspectiva técnica y gubernamental, nunca había avanzado tanto.
“Nunca, en 20 años, habíamos visto un gobierno más decidido a sacar adelante este proyecto”, afirmó en entrevista con La Prensa. Según explicó, desde octubre de 2025 la Secretaría Nacional de Energía ha coordinado 19 reuniones interinstitucionales, una cada dos semanas, para mantener alineadas a todas las entidades responsables de aspectos ambientales, regulatorios, sociales y de infraestructura.
“Ha sido fundamental el acompañamiento de la Secretaría de Energía para articular a todas las entidades del Gobierno y mantener vivo el proyecto”, señaló.
Jaramillo sostiene que Panamá atraviesa una coyuntura excepcional. Asegura que, además del respaldo político del presidente Mulino, ya existen asignaciones presupuestarias y cartas dirigidas a distintos ministerios para ejecutar obras de desarrollo social en comunidades indígenas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto.
“Ya no estamos hablando de promesas. Hay recursos previstos para atender necesidades históricas de estas comunidades”, afirmó. No obstante, advierte que las ventanas políticas no permanecen abiertas indefinidamente.
“Los gobiernos también se desgastan y cambian sus prioridades. Si el proceso sigue avanzando tan lentamente, corremos el riesgo de perder este impulso”, dijo.
Incluso lanzó una advertencia que resume la preocupación de los promotores de la obra. “Nos podemos quedar sin el proyecto y ellos sin el desarrollo.”
Mientras Panamá continúa definiendo la metodología para la consulta indígena, Colombia registra un avance considerablemente mayor.
De acuerdo con Jaramillo, ya concluyeron con éxito las consultas previas con 12 grupos étnicos, que otorgaron su consentimiento mediante acuerdos formales. Solo resta culminar una consulta adicional surgida posteriormente, cuyo procedimiento ya fue acordado.
En paralelo, los demás componentes del proyecto siguen avanzando. El Ministerio de Ambiente mantiene en evaluación el Estudio de Impacto Ambiental en Panamá, mientras las autoridades regulatorias de ambos países trabajan en las normas que permitirán operar comercialmente la línea.
El proyecto también cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha manifestado interés en estructurar el financiamiento mediante un esquema de Project Finance, sin garantías soberanas, apoyado en los ingresos futuros de la infraestructura. Bajo ese modelo, la banca podría aportar hasta el 80 % de los recursos necesarios para desarrollar la obra.
La interconexión contempla una línea de transmisión en corriente directa de alta tensión (HVDC) de aproximadamente 500 kilómetros, de los cuales unos 220 kilómetros estarán en Panamá, 150 kilómetros en Colombia y cerca de 130 kilómetros serán submarinos a través del Caribe. Tendrá una capacidad inicial de 400 megavatios, suficiente para intercambiar alrededor de 3,000 gigavatios hora de electricidad al año.
Además de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico regional, estudios del proyecto estiman que Panamá podría reducir cerca de un 25% el costo marginal de generación eléctrica y mejorar el abastecimiento hacia el centro del país.
Después de más de 20 años de intentos, el proyecto parece haber superado los obstáculos financieros, técnicos e incluso buena parte de los políticos. Hoy, su futuro depende de un proceso distinto: que las comunidades indígenas definan las reglas para iniciar una consulta que, por primera vez en muchos años, podría abrir el camino para convertir en realidad una de las obras de integración energética más importantes del continente.
Se estima que no será hasta el último trimestre del año cuando pueda conocerse una decisión de los pueblos indígenas. Mientras tanto, advierte Jaramillo, el tiempo sigue corriendo. El ejecutivo indicó que la ruta trazada es la más factible desde el punto de vista ambiental, técnico y financiero.
