El primer ministro italiano, Matteo Renzi, prometió este domingo pagar 500 euros ($572) a cuatro millones de jubilados el 1 de agosto, después de que el Tribunal Constitucional anulara una disposición de la reforma de las pensiones decidida en 2011.
El Constitucional derogó el 30 de abril una ley aprobada por el gobierno del entonces primer ministro Mario Monti en 2011 para recortar gastos de pensiones.
La decisión judicial obliga ahora al ejecutivo de centroizquierda de Renzi a encontrar cerca de 5 mil millones de euros (unos 5 mil 723 millones de dólares) para pagar a los jubilados italianos afectados por aquella reforma. Renzi prometió este domingo que “ningún jubilado perdería un céntimo”, en el canal de televisión Rai Uno.
En diciembre de 2011, el gobierno de Mario Monti impuso unas duras medidas de austeridad después de que la desconfianza de los mercados situara la prima de riesgo italiana en niveles insostenibles.
La reforma anulada por el Constitucional supuso aumentar el número de años de cotización, calcular las pensiones teniendo en cuenta el conjunto de la vida laboral y no sólo los últimos salarios percibidos, y desindexar las pensiones superiores a mil 400 euros ($1,601.6) mensuales de la inflación.
“Escribiremos una nueva disposición” que permitirá “restituir a cuatro millones de italianos, el 1 de agosto, más o menos 500 euros ($572) por persona”, explicó Renzi, que gobierna desde febrero de 2014.
No se trata, precisó, de “un reembolso total” porque para ello tendría que “recortar en educación, las ayudas sociales y las carreteras”. El primer ministro dijo que recurrirá a “2 mil millones de euros (2 mil 888 millones de dólares) que guardaba para medidas contra la pobreza”. El representante del gobierno ante el Constitucional había evaluado a 5 mil millones de euros (5 mil 782 dólares) el ahorro conseguido por las arcas públicas gracias a la desindexación de las pensiones en los años 2012 y 2013, antes de que el gobierno de Enrico Letta reintrodujera una indexación parcial en 2014.
En teoría, cerca de seis millones de jubilados italianos tienen derecho a reclamar al Estado el dinero que dejaron de cobrar, una suma que alcanzaría unos 250 euros ($286) al año.