El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este martes, 15 de septiembre, en relación al Proyecto de Ley 226 que aumenta beneficios a los jubilados y pensionados, que se enfocará en la creación de una nueva legislación de consenso que deberá estar aprobada antes del próximo 31 de octubre.
Al ser cuestionado sobre si ya se había tomado una determinación final de sanción o veto, el mandatario aclaró que “todavía no hay una decisión abordada”. Sin embargo, enfatizó que la meta de su administración es utilizar el actual proceso de diálogo con los gremios de la tercera edad y el sector empresarial para dar vida a un nuevo documento legal.
De acuerdo al mandatario, el documento original aprobado por el legislativo representa una “mala ley”, por lo que justificó la necesidad de construir una alternativa legal responsable.
“Yo tengo buena esperanza que de una mala ley pues terminaremos en algo que verdaderamente es útil para estos señores colegas de la tercera edad”, dijo Mulino.
Confirmó que el Órgano Ejecutivo mantiene activas las mesas de conversación para evaluar el futuro de la iniciativa.
“Le pedí a la viceministra (de la Presidencia, Virna Luque) que vayamos concretando lo que es viable, lo que es sustentable, a efecto de hacer una nueva ley y aprobarla”, reveló Mulino, confirmando que las mesas de diálogo vigentes ya no discuten modificaciones menores, sino la estructura de un nuevo texto normativo.
Coordinación legislativa para cumplir los plazos
El mandatario adelantó que ya ha coordinado directamente con la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Shirley Castañedas, porque la meta compartida es someter a votación y aprobar el nuevo marco legal antes de que venza el actual periodo de sesiones ordinarias a finales de octubre.
“Lo hablé ayer con la señora presidenta de la Asamblea”, afirmó Mulino.
Reunión de este martes
La segunda reunión entre las partes se llevó a cabo este martes, 15 de septiembre, en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas. El encuentro, coordinado por la viceministra de la presidencia, Virna Luque, contó con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y el diputado proponente del proyecto de ley, Javier Sucre; la viceministra de Economía, Eida Sáiz, y el asesor presidencial, Ricardo Fábrega.
Además, participaron los dirigentes de gremios de jubilados, Guillermo Cortés, Roberto López, Santiago Miranda y Telva Núñez de Córdoba, al igual que el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría; la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, y Orlando Pérez, en representación de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.
Según el informe, los participantes intercambiaron opiniones sobre ajustes al esquema de descuentos para jubilados, tomando en cuenta que existen productos y servicios vinculados al turismo y a hotelería, que no benefician directamente a los adultos mayores más necesitados del país.
Por otro lado, se planteó la necesidad de que existan descuentos justos para los jubilados en energía eléctrica, transporte público, telefonía, servicios de salud y compra de artículos como pañales para adulto mayor, sillas de ruedas y andaderas.
Proyecto de Ley 226
El Proyecto de Ley 226 que espera la sanción o veto presidencial introduciría un paquete de beneficios que incluye aspectos como:
Espectáculos: Descuentos de hasta el 50% en cines y teatros.
Turismo y transporte: Rebajas del 25% en pasajes aéreos y hasta el 50% en hoteles de lunes a jueves.
Salud: Un 30% de descuento en medicamentos y un 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas.
Servicios básicos: Reducciones por primera vez en tarifarias en agua, tasa de aseo, internet, televisión por cable y equipos de asistencia médica.
Higiene: Un 25% de descuento en insumos y productos, así como un 30% en pañales desechables para adultos.
Sector financiero: Tasas, cargos, tarifas, comisiones y seguros asociados a tarjetas de crédito y débito tendrían un descuento mínimo de 30%.
Según el mandatario la nueva ley debe ir orientada a otorgar beneficios para los adultos mayores que más lo necesiten, pero bajo un criterio de viabilidad financiera que no ponga en riesgo la economía nacional.
