Mientras el proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores sigue en manos del Órgano Ejecutivo luego de ser aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, aumenta el debate entre organizaciones de jubilados y representantes del sector privado.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, volvió a pedir este martes 1 de septiembre, el veto del proyecto tal como está planteado y propuso abrir una mesa de diálogo para evaluar su impacto y buscar una fórmula que permita beneficiar a quienes realmente lo necesitan sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas.
Barría advirtió en TVN Noticias que la medida podría afectar especialmente a las pequeñas empresas, entre ellas farmacias, restaurantes, hostales y otros comercios que quedarían sujetos a los nuevos descuentos.
A su juicio, la amplitud del concepto de tercera edad también requiere una revisión, pues incluye a un segmento importante de la población. “Va de los 55 años en mujeres y 60 años en los hombres. Eso es muy amplio”, dijo Barría. Por ello, planteó que mediante herramientas tecnológicas podría establecerse una política más focalizada hacia los adultos mayores con mayores necesidades económicas.
Entre las preocupaciones expresadas por el sector privado figuran posibles problemas de liquidez, reducción de los márgenes de ganancia y un eventual traslado de los costos a los consumidores mediante aumentos de precios.
Barría incluso alertó que la aplicación de la medida podría tener un efecto inflacionario y afectar la propia capacidad del Estado para recaudar impuestos.
Uno de los puntos centrales de la discusión es precisamente el mecanismo establecido en el proyecto para compensar a los comercios.
La propuesta dispone que los descuentos y concesiones otorgados bajo la ley puedan ser reconocidos en un 100% como crédito fiscal del impuesto sobre la renta y que ese crédito pueda ser transferido mediante cesión.
Sin embargo, desde el sector empresarial se advierte que un crédito fiscal no representa necesariamente dinero líquido de manera inmediata. Si un comercio genera renta gravable, podrá utilizar el crédito correspondiente, pero el beneficio tributario no resuelve automáticamente las necesidades de efectivo y flujo de caja que implica aplicar el descuento diariamente, explica Barría.
Uno de los principales puntos de controversia es el aumento del descuento en medicamentos, que pasaría del 20% al 30%. Para Orlando Pérez, de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, la aplicación de este porcentaje tendría un impacto directo sobre el flujo de caja de los establecimientos.
“Cuando se da un descuento, los sectores comerciales tienen que buscar dónde sacar ese descuento porque los descuentos son parte del flujo de caja diario”, sostuvo Pérez, quien considera que corresponde a la Caja de Seguro Social garantizar los medicamentos a los jubilados y pensionados y al Gobierno revisar las pensiones de quienes reciben ingresos muy bajos.
Por ello, los comerciantes reclaman que antes de la entrada en vigencia de la medida se determine cuánto costará realmente su aplicación, particularmente para las pequeñas empresas.
“Una ley de 40 años tiene que adaptarse”
Del otro lado, las organizaciones de jubilados defienden la iniciativa y consideran que la legislación vigente quedó desfasada frente al costo de vida y las condiciones económicas actuales.
Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos de Jubilados, recordó que la ley que establece estos beneficios data de 1987 y que los porcentajes originales se ubicaban entre 15% y 50%. “No nos hemos salido de ese parámetro”, afirmó Cortés.
“Una ley que data de cuarenta años tienes que adaptarla a los tiempos”, afirmó el dirigente, quien considera insuficiente que algunos de los descuentos solo hayan sido incrementados en cinco puntos porcentuales.
Los jubilados sostienen que la ampliación de los beneficios constituye una medida de justicia social, especialmente para quienes reciben pensiones bajas. De acuerdo con los datos citados durante el debate, más de 200 mil jubilados viven con pensiones inferiores a $400 dólares.
Para este sector, el aumento de los descuentos representa una forma directa de aliviar el impacto del costo de vida sobre una población que, en muchos casos, tiene limitada su capacidad de generar ingresos adicionales.
Sucre defiende el proyecto y espera sanción
El diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, defendió el proyecto y rechazó los argumentos de quienes consideran que la medida perjudicará a los comerciantes.
Sucre sostuvo que la propuesta no está dirigida únicamente a quienes actualmente son jubilados, sino también a las generaciones que llegarán a esa etapa en los próximos años, en un escenario marcado por las dificultades financieras de la Caja de Seguro Social y los cambios en los parámetros de jubilación.
También destacó que actualmente son los comerciantes quienes absorben directamente los descuentos y que el proyecto establece el mecanismo del crédito fiscal para reconocerles el 100% de esos beneficios en sus declaraciones de renta.
El diputado aseguró además que la iniciativa busca evitar prácticas como aumentar previamente los precios para luego aplicar el descuento al jubilado.
Según Sucre, ya existe coordinación con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para supervisar el cumplimiento de los descuentos y evitar abusos.
“Quieren a los adultos mayores como clientes, pero no cumplirles con la ley”, cuestionó el diputado, quien espera que el presidente Mulino sancione la propuesta.
