Panamá comparte con el resto de los países latinoamericanos un complejo 2023, ante el reto de controlar la inflación, generar empleos de calidad y disminuir el déficit en las finanzas públicas.
Con el mundo, en general, también hay puntos en común, cuando se toma en cuenta el efecto de la subida de las tasas de interés y los temores de una recesión global.
Internamente, una de las mayores amenazas es la debacle del sistema público de pensiones, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirma que las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido se acabarán en 2024.
La crisis en las relaciones entre Minera Panamá y el Estado, que produjo la orden de cerrar las operaciones comerciales de la empresa, también ha representado un riesgo tangible, ante la incertidumbre de aniquilar una actividad responsable del 3.5% del producto interno bruto (PIB).
¿Qué nos deja este 2022 y qué podemos esperar del 2023?
En materia económica, 2022 está llamado a ser el año en que el PIB regrese a los niveles existentes en 2019, el último anterior a la pandemia, cuya gestión provocó una gran crisis económica.
El economista Felipe Chapman, socio director de Indesa, señaló que “nuestra estimación hace un año fue que la economía crecería 6.4% en 2022. Los datos más recientes indican que el crecimiento será mayor y el PIB del año sería superior al de 2019. Sin embargo, aún no terminamos de recuperarnos de la pandemia. El costo humano ha sido muy alto, con niveles de desempleo e informalidad superiores a antes de la pandemia, lo cual nos tomará unos años más superar”.
Hace dos días la ministra de Trabajo, Doris Zapata, informó que este año se habían registrado 244 mil contratos laborales.
Sin embargo, esta cifra sería inferior en un 35% a los 378 mil contratos reportados en 2019, antes de la pandemia.
El país tiene 59,252 trabajadores formales menos en el sector privado y 249,633 informales más que en el 2012.
Si bien la economía en su conjunto habrá logrado alcanzar el nivel previo a la pandemia, la recuperación está siendo desigual, con sectores más dinámicos, como el transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde se agrupan entre otras las operaciones del Canal de Panamá y los puertos, y otros más rezagados como la construcción.
Por lo pronto, según el último dato publicado, el PIB panameño crecía a un ritmo de 11% al cierre del tercer trimestre de 2022.
Para 2023, se espera un crecimiento inferior a los registrados en los dos años previos, una trayectoria que sigue la lógica de la vuelta a la normalidad luego de dos años de reactivación tras el derrumbe de la economía en 2020.
Chapman dijo que “hemos estado anticipando un crecimiento cercano al 5%, producto del aumento en inversión, consumo y exportaciones. Sin embargo, estos podrían crecer menos por el incremento de las tasas de interés y el riesgo de menor exportación de cobre”.
Finanzas públicas
2022 habrá sido otro año con un elevado déficit fiscal. Al cierre de septiembre, el déficit era de $3,527 millones, una cifra inferior a la del ejercicio anterior, pero aún elevada.
Para el cierre del ejercicio, la cifra del déficit se equilibrará parcialmente por la entrada a las arcas públicas de los aportes del Canal de Panamá, pero aún así el balance será deficitario.
El hecho de que los gastos sean superiores a los ingresos se traducirá en un aumento del saldo de la deuda pública, que cerró en 2021 en $40,487.8 millones.
En noviembre de este año, según el último dato disponible, el saldo de la deuda alcanzó los $45,136.4 millones, luego de la emisión del Bono Global 2035 por $1,500 millones en noviembre.
La Dirección de Financiamiento Público dijo que la operación será principalmente para el prefondeo del Presupuesto General del Estado de 2023 ante la expectativa de un aumento en las tasas de interés.
Financiamiento Público señaló que la deuda pública al cierre de 2022 será menor a la existente al 30 de noviembre, puesto que el saldo fue reducido el 2 de diciembre con la recompra de $484 millones en bonos globales con vencimiento en 2024. Además, el 15 de diciembre el Gobierno pagó la línea de crédito estacional adquirida con el Banco Nacional de Panamá por un monto de $500 millones.
Listas
El año 2023 será clave para la eventual salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Tras ingresar en la lista en junio de 2019, el Gobierno acordó con el organismo internacional un plan de acción para acometer las deficiencias detectadas. El avance del país para completar el plan de acción ha sido lento y, en las últimas evaluaciones, el GAFI ha instado a Panamá a completarlo lo más rápido posible, ya que todas las fechas pactadas originalmente en el plan de acción han vencido.
De los 15 puntos del plan de acción, Panamá ha superado 12, quedando por lo tanto 3 pendientes.
El GAFI dijo que si no se logra el suficiente avance, “considerará hacer un llamamiento a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia ampliada a las relaciones de negocios y transacciones con Panamá”.
Las tareas pendientes tienen que ver principalmente con la existencia y el acceso por parte de las autoridades competentes a información de los beneficiarios finales de las sociedades, el establecimiento de mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades offshore (extraterritoriales), así como demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales en el extranjero.
Si Panamá logra avanzar en el plan de acción, el GAFI efectuará una visita in situ al país para verificar el progreso y este sería el paso previo a la salida de la lista gris.
Panamá no la tendrá fácil para 2023, un año preelectoral.
Las presiones de la economía global, los fallos estructurales de su política fiscal y la crisis del sistema de pensiones en Panamá pondrán a prueba al país en el 2023.
Estos factores son seguidos de cerca por las calificadoras de riesgo, que en el caso de Moody’s valieron para que ratificara la nota soberana en Baa2, al tiempo que cambió la perspectiva de estable a negativa, lo que implica que hay presiones para una eventual rebaja en la calificación de riesgo de un país que ha estado sacrificando inversiones para destinar más recursos a su gasto corriente.
