La deuda pública de Panamá alcanzaría unos $64,000 millones al cierre de 2027, según las proyecciones presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El aumento responde a que el Estado mantiene un flujo de caja negativo, es decir, que sus ingresos no alcanzan para cubrir todos sus gastos, por lo que debe recurrir a financiamiento.

La estrategia del Gobierno, explicó el ministro Felipe Chapman, no es detener de inmediato el crecimiento de la deuda, sino frenar su ritmo, reducir las necesidades de financiamiento y conseguir recursos a un menor costo.

Eliminar de golpe el déficit implicaría un ajuste de gran magnitud. Según explicó Chapman, para cerrar ese saldo negativo el Estado tendría que despedir a unas 50,000 personas, con el consecuente impacto sobre la economía, algo que el Gobierno no ha siquiera contemplado.

El Gobierno proyecta que la deuda pública cierre 2026 en unos $62,000 millones y pase a aproximadamente $64,000 millones en 2027. Esto implica un alza interanual de $2,000 millones.

Chapman recordó que en años anteriores los incrementos anuales de la deuda llegaron a rondar los $5,000 millones.

El costo de financiar esa deuda también fue parte de la explicación durante la comparecencia de Chapman ante la Comisión de Presupuesto.

De hecho, el tema de la deuda entró en discusión cuando el diputado Luis Duke lo introdujo en el debate. Antes de eso, el mismo Chapman había estado haciendo llamados de concentrarse en el presupuesto y las responsabilidades del ministerio.

El ministro aseguró que desde el 30 de junio de 2024 ese costo se ha reducido en más de 60%, lo que, según dijo, ha generado ahorros para el Estado superiores al presupuesto de instituciones como la Asamblea Nacional o el Órgano Judicial.

Aunque el servicio de la deuda no forma parte de los $733.3 millones del presupuesto institucional del MEF, su administración corresponde al ministerio.

Para 2027, el proyecto contempla $5,496.1 millones para el pago de la deuda pública, de los cuales $3,062.5 millones corresponden a intereses y $2,433.6 millones a amortizaciones.

Apenas el pasado 22 de septiembre, la agencia internacional S&P Global Ratings confirmó las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo de Panamá en ‘BBB-’ y ‘A-3’, respectivamente, y mantuvo la perspectiva estable.

La decisión responde a la expectativa de continuidad en las políticas macroeconómicas clave y a una reducción gradual del déficit fiscal del Gobierno general durante 2026 y 2027, lo que contribuirá a contener la carga de la deuda pública y el pago de intereses.

Luego de registrar un déficit fiscal del 6.4% del producto interno bruto (PIB) en 2024, el Gobierno modificó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para trazar una ruta de consolidación gradual.

S&P proyecta que el déficit disminuirá al 3.3% del PIB en 2026 y se situará en torno al 3% entre 2027 y 2029, sustentado en eficiencias en la recaudación tributaria, la racionalización del gasto corriente y menores gastos de capital.

En el plano macroeconómico, S&P prevé que la economía panameña crezca un 4.6% en 2026, impulsada por el alto tráfico en el Canal de Panamá —favorecido por desvíos logísticos ante tensiones geopolíticas en Oriente—, así como por la recuperación de la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo.

Aunque se anticipa una desaceleración al 3.9% en 2027 por el impacto climático del fenómeno de El Niño en los niveles de agua del lago Gatún, se espera que el crecimiento converja hacia un promedio del 4% al 4.3% entre 2028 y 2029. Con ello, el PIB per cápita alcanzaría los 20,700 dólares en 2026, el tercero más alto de Latinoamérica.

Pese al panorama favorable de crecimiento, la calificadora advirtió sobre desafíos estructurales persistentes, como la baja recaudación tributaria —que equivale a solo el 6.9% del PIB— y la falta de flexibilidad monetaria inherente al uso del dólar como moneda de curso legal.

A pesar de ello, la agencia estima que la deuda neta del Gobierno general se estabilizará cerca del 53.3% del PIB hacia 2027-2029 y que las estrategias activas de financiamiento mantendrán los intereses por debajo del 15% de los ingresos públicos.