La planilla estatal sigue creciendo como un monstruo burocrático que ningún gobierno ha logrado domesticar. Desde la llegada del presidente José Raúl Mulino, aumentó en 4 mil 768 funcionarios y el gasto mensual en salarios subió 28.2 millones de dólares, pese al discurso de austeridad y control del gasto público.
Datos oficiales de la Contraloría General de la República reflejan que, en julio de 2024, cuando Mulino asumió el poder, el Estado contaba con 258 mil 859 funcionarios y destinaba 423.5 millones de dólares mensuales al pago de salarios brutos. Sin embargo, para marzo de 2026, la cifra aumentó a 263 mil 627 funcionarios, mientras el gasto mensual ascendió a 451.7 millones de dólares, evidenciando un incremento constante.
El contraste se vuelve más marcado al revisar las cifras de hace dos décadas. En 2007, la planilla estatal representaba apenas 109.3 millones de dólares mensuales, menos de una cuarta parte del gasto actual.
Lo anterior representa un incremento del 313.2% en los últimos 20 años, convirtiendo la planilla pública en uno de los rubros más sensibles del presupuesto nacional, en medio de cuestionamientos sobre sostenibilidad fiscal, eficiencia administrativa y uso político de los nombramientos en distintas instituciones del Estado.
Entidades con más funcionarios
Cuando el análisis se centra en las instituciones públicas, algunas concentran buena parte del peso burocrático del Estado. A marzo de 2026, el sector público contabilizaba 263 mil 627 trabajadores distribuidos entre ministerios, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.
La mayor carga recae sobre el Gobierno Central, que concentra 170 mil 10 funcionarios, seguido de 68 mil 246 empleados en entidades descentralizadas, 17 mil 952 en empresas públicas y 7 mil 419 en intermediarios financieros.
En el corazón de esa enorme estructura aparece el Ministerio de Educación como la institución con más funcionarios del Estado. La entidad suma 64 mil 385 trabajadores y mantiene una planilla bruta mensual de 114 millones de dólares, una cifra que por sí sola supera el presupuesto salarial completo de muchas instituciones públicas.
Detrás se ubica la Caja de Seguro Social, con 35 mil 391 funcionarios y un gasto mensual de 76.6 millones de dólares, mientras el Ministerio de Seguridad Pública registra 34 mil 369 empleados y salarios que alcanzan los 46.9 millones mensuales.
Larga lista
La lista de las entidades con más personal también incluye al Ministerio de Salud, con 20 mil 179 funcionarios y una planilla de 42.7 millones de dólares; la Universidad de Panamá, con 9 mil 645 trabajadores y 18.4 millones en salarios; y la Procuraduría General de la Nación, que acumula 7 mil 742 funcionarios con un gasto mensual de 13.3 millones. El Órgano Judicial también figura entre las entidades con mayor peso burocrático, con 7 mil 317 empleados y una planilla de 13.9 millones de dólares.
En medio de la discusión pública sobre austeridad y contención del gasto, también destacan instituciones tradicionalmente cuestionadas por el tamaño de sus planillas. La Asamblea Nacional reporta 4 mil 150 funcionarios y salarios mensuales por 8.2 millones de dólares, mientras Transporte Masivo de Panamá mantiene 4 mil 138 trabajadores.
La Contraloría, encargada precisamente de fiscalizar el uso de los recursos públicos, suma 3 mil 939 funcionarios y una planilla mensual de 6.8 millones de dólares.
Ejemplos del gasto
Todos estos números encuentran reflejo dentro del aparato estatal. Es ampliamente conocido que una de las entidades más infiltradas por la política ha sido la Caja de Seguro Social. De hecho, exdirectores de la institución han denunciado la existencia de redes de influencia alrededor de los nombramientos.
Por ejemplo, un diagnóstico de la CSS elaborado hace cinco años reveló que, entre 2009 y 2021, fueron nombradas 26 mil 280 personas. De esa cifra, entre 2009 y 2014 se contrataron 10 mil 736 funcionarios; de 2014 a 2019, otros 12 mil 909; y en lo que iba de la actual administración, 2 mil 635.
A esto se suman otras entidades como la Asamblea Nacional. Diputados de la coalición Vamos, como Roberto Zúñiga, han planteado que ese órgano del Estado podría funcionar con un presupuesto anual de 35 millones de dólares. No obstante, durante los últimos años su presupuesto ha rondado los 98 millones, la mayor parte asignado a planilla.
Por ejemplo, existen 386 funcionarios vinculados a cargos de asesoría. Allí se incluyen asesores legales, técnicos especializados, administrativos y parlamentarios. Sus salarios representan 1.1 millones de dólares mensuales y al menos 13.3 millones al año, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa el peso de la burocracia que rodea al Legislativo.
Otras entidades, como la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), también han encontrado mecanismos para incrementar sus planillas. En 2016, la rectora Etelvina Medianero de Bonagas logró que la Asamblea Nacional aprobara una modificación a la ley orgánica de la universidad para que docentes eventuales con cinco años de servicio pasaran a ser permanentes.
Esa maniobra permitió que actualmente unos 254 docentes tengan salarios superiores a los 7 mil dólares mensuales y una cantidad similar perciba más de 5 mil dólares al mes. Hoy, la planilla mensual de esa casa de estudios superiores ronda los 6 millones de dólares, situación que mantiene sumida en una crisis financiera a la Unachi.
Leyes especiales
Por otra parte, cada vez que el Gobierno prepara el Presupuesto General del Estado, una parte importante de los recursos ya tiene destino asegurado incluso antes de iniciar la discusión política.
Se trata de leyes especiales y normas vigentes que obligan a asignar fondos para ajustes salariales y beneficios a empleados públicos, compromisos que, según ha advertido en reiteradas ocasiones el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, convierten el gasto público en una estructura rígida y difícil de modificar.
El peso de esas obligaciones vuelve a reflejarse en el presupuesto de 2026 presentado por el Gobierno, que asciende a 34 mil 900 millones de dólares. Solo las leyes especiales vinculadas a ajustes salariales representan una carga de 312 millones de dólares dentro de las finanzas estatales.
La cifra evidencia cómo gran parte del presupuesto nacional permanece atado a compromisos permanentes de gasto, mientras el Estado enfrenta presiones crecientes por déficit fiscal, endeudamiento y sostenibilidad de la planilla pública.
En términos globales, el gasto total acumulado en planilla del Estado, estimado en 5 mil 245 millones de dólares durante 2025, representó aproximadamente el 17.4% del Presupuesto General del Estado aprobado para ese año, que ascendió a 30 mil 111 millones de dólares.
A finales del año pasado, el propio presidente Mulino, quien cuestionaba con dureza este tema, dejó entrever una especie de resignación frente al crecimiento de la planilla estatal, al admitir públicamente las limitaciones para reducirla.
“La planilla tiene sus razones por qué sube o por qué baja. Ojalá yo pudiera hacerlo, pero de un día para otro no se puede”, reconoció el mandatario, al señalar que gran parte del gasto permanece atado a leyes especiales, aumentos automáticos y fueros laborales.
