El Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Sujetos No Financieros lanzaron ayer el registro único y privado de beneficiarios finales, una herramienta en la que agentes residentes deberán cargar información sobre las personas naturales que controlan las estructuras jurídicas registradas en Panamá.
El registro se lanza más de dos años después de la promulgación de la Ley 129 de 2019, aprobada para crear la herramienta, norma que fue posteriormente modificada por la Ley 254 de 2021.
Esta es una de las apuestas de Panamá para salir de distintas listas que señalan al país por las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y por la falta de cooperación en el intercambio de información fiscal.
En una conversación con este diario, Hipólito Donoso, director encargado del Registro Único de Beneficiarios Finales, señaló que la herramienta ya está operativa en modo de producción y que en una primera fase se está trabajando por invitación a los agentes residentes, con un acompañamiento por parte de las autoridades para no se den errores en la carga de la información.
Donoso dijo que la herramienta ha sido creada por la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, en colaboración también con la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, y que está auditada y certificada por dos empresas de seguridad.
En el evento participó Gustavo Vega, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quien destacó que este es un paso grande de Panamá, pero no es el único para asegurar el funcionamiento adecuado.
Hacia adelante, además de cargar la información, queda el mantenimiento propio del registro, que la información sea actualizada y que exista por tanto un monitoreo de cumplimiento por parte de las autoridades, proceso en el que tiene que estar presente el tema de las multas y sanciones para garantizar que se está cumpliendo con el registro, de manera que este no quede en desuso, sino que sirva a las autoridades competentes para acceder de manera oportuna a información actualizada, precisa y verídica sobre quién está detrás de las estructuras jurídicas, apuntó el representante de Gafilat.
