Las Islas Vírgenes británicas, un territorio de ultramar del Reino Unido y uno de los principales paraísos fiscales del mundo, albergan dos tercios de las cerca de mil empresas fachada utilizadas por los cientos de ejecutivos y políticos mencionados en los Pandora Papers.
Este archipiélago caribeño encabeza la clasificación de la oenegé Tax Justice Network de las jurisdicciones fiscales más opacas del mundo, seguido de las Islas Caimán y las Bermudas.
Son citadas habitualmente en las revelaciones de la prensa sobre evasión fiscal en el mundo, sobre todo en los FinCEN o en los Panama Papers.
Ese territorio genera más del 51% de sus ingresos por el registro de empresas extranjeras, de las que hay 950 mil según una estimación publicada en la web del gobierno del archipiélago.
Se considera que muchas de estas empresas son cascarones vacíos utilizados como fachada en complejos entramados fiscales para ocultar el origen de los fondos o sus destinatarios.
Las Islas Vírgenes británicas tiene un gobierno autónomo, pero su gobernador es nombrado por la reina Isabel II por recomendación del gobierno británico.
Los asuntos exteriores y militares del territorio dependen de Londres.
Hace dos años, el Reino Unido aprobó una enmienda a su ley contra el blanqueo de capitales para exigir a sus territorios de ultramar y a las dependencias de la Corona británica (que incluyen a las Bermudas, Jersey, Guernsey y la Isla de Man) que establezcan registros públicos de beneficiarios, para revelar los verdaderos propietarios que se esconden detrás de muchas empresas ficticias.
A principios de este año, las Islas Vírgenes acordaron hacer público su registro de empresas para 2023, lo que parecía un avance en el levantamiento del secreto fiscal, pero los grupos que luchan contra la opacidad financiera se habían quejado de que en realidad era un paso atrás respecto a los compromisos originales.
El archipiélago, al igual que otros territorios británicos considerados como paraísos fiscales, ha construido su atractivo y sus ingresos sobre las ventajas concedidas a las empresas en materia impositiva.
El endeudamiento masivo de los gobiernos de todo el mundo para combatir la pandemia ha aumentado la presión sobre los paraísos fiscales y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara una reforma global del impuesto de sociedades que muchas de estas jurisdicciones, como Panamá, Bermudas y las Islas Vírgenes británicas, han acabado por apoyar.
