La rígidez del gasto público sujeta a leyes especiales que obligan a elevar salarios en sectores como salud, educación y seguridad, entre otros, es una de las presiones que enfrenta Panamá para reducir la deuda y lograr una reducción más efectiva del déficit fiscal.
Así lo advierte la calificadora Moody’s Ratings en un informe sobre las finanzas públicas de 18 países de América Latina y el Caribe incluyendo Panamá, al advertir que esas obligaciones en el caso del istmo, reducen el margen de maniobra del Gobierno para realizar ajustes fiscales más efectivos.
La calificadora señaló que estas disposiciones legales han provocado, en determinadas ocasiones, que los salarios de estos trabajadores públicos aumenten a un ritmo superior al crecimiento nominal de la economía.
Para Moody’s, este tipo de compromisos forma parte del denominado gasto rígido: obligaciones que resultan difíciles de reducir porque están determinadas por leyes, contratos, disposiciones constitucionales o compromisos políticamente sensibles.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha manifestado recurrentemente, su intención de reformar leyes para reducir las rígideces que imprimen las leyes especiales. Sin embargo, su despacho no termina de sacar las propuestas legales para llevarlas a la Asamblea Nacional.
En 2026 el peso de las leyes especiales significó al fisco el gasto de $312 millones y para 2027 se calcula que el presupuesto debe absorber un incremento de $340 millones adicionales destinados exclusivamente a cumplir con los aumentos salariales automáticos y otros compromisos establecidos por leyes especiales.
En el presupuesto de 2027 se destinan $7,923.6 millones para salarios de todo el sector público, de los cuales $5,084.1 millones corresponden solo al gobierno central.
Cuando Chapman llevó el presupuesto a la Asamblea, dijo que el crecimiento del funcionamiento no debe presentarse como una expansión indiscriminada del aparato estatal. Explicó que en su mayor parte se debe al reconocimiento presupuestario de obligaciones vigentes como las previstas en las llamadas leyes especiales.
Moody’s en su análisis señala que aunque Panamá no figura entre los países con las estructuras presupuestarias más rígidas de la región, cerca del 70% del gasto del gobierno central correspondió, en promedio entre 2021 y 2024, a salarios, pagos de intereses, subsidios y otras transferencias corrientes.
Esta proporción es inferior a la registrada en el caso de Brasil, Argentina, Costa Rica o Colombia, pero Moody’s advierte que la clasificación agregada puede sobrestimar el margen real de maniobra debido a que parte del gasto de capital también puede estar sujeto a obligaciones contractuales.
La calificadora también advierte las complicaciones que tiene Panamá apra manejar el aumento de la deuda.
Panamá registró un incremento de 22 puntos porcentuales en su relación deuda/producto interno bruto entre 2019 y 2025, uno de los mayores aumentos entre los 18 países analizados por Moody’s.
La mediana regional de deuda pasó de 45% del PIB en 2019 a 55% en 2025.
Para 2026, Moody’s calcula que Panamá requiere un ajuste fiscal adicional equivalente a 0.2% del PIB para alcanzar un balance que permita estabilizar la deuda. Sin embargo, la firma advierte que el esfuerzo requerido en las cuentas del gobierno central podría ser mayor, debido a que los superávits de gobiernos locales o de los sistemas de seguridad social pueden mejorar el resultado consolidado de la administración pública.
En otros países, el esfuerzo será considerablemente mayor. Moody’s estima que Trinidad y Tobago requerirá un ajuste fiscal equivalente a 5.1% del PIB, seguido de Brasil con 3%, México con 2.4%, Colombia con 1.6% y Guatemala con 1.4%. Costa Rica necesitaría un ajuste de 0.7% y Perú de 0.6% para llevar sus balances fiscales a niveles compatibles con la estabilización de la deuda.
La carga del subsidio
La calificadora también observó cambios en la composición del gasto panameño. Panamá figura entre los países donde aumentaron de forma persistente los subsidios y otras transferencias corrientes después de la pandemia.
Parte del incremento registrado en 2024 respondió a la cancelación de atrasos por parte del nuevo gobierno. Además, entre 2019 y 2024 el país experimentó simultáneamente un aumento del gasto rígido y una reducción del gasto de capital, una combinación que deja menos espacio para nuevos recortes sin afectar la inversión.
Este año se habían presupuestado en transferencias o subsidios alrededor de $2,486.6 millones, mayor al de 2025, cuando fue de $1,747.4 millones.
Para 2027 se presupuestó un total de $3,400 millones, mayormente para programas de apoyo económico dirigidos a distintos sectores de la población. En contraste con este año, la partida presupuestaria para subsidios se elevará en 2027 en $913.4 millones, equivalente a un incremento de 36.7%.
