La negociación de un nuevo contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá representa “un claro ejemplo de falta de transparencia por parte de varias administraciones, incluyendo la actual”.
Así reaccionó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional – organización que hizo un llamado de atención al Gobierno en relación a la falta de transparencia en el proceso, así como en el uso y manejo de los fondos públicos en general.
“A partir del anuncio hecho por el Ejecutivo en enero de 2022, sobre el acuerdo alcanzado con la empresa que garantizaba un pago mínimo de $375 millones anuales, aumentando el porcentaje en regalías, poco o nada se ha sabido hasta el día de ayer (jueves 15 de noviembre), cuando se anunciaron las medidas de suspensión de las actividades comerciales de Minera Panamá”, expresó la organización a través de un comunicado.
Tanto el Gobierno como la empresa Minera Panamá habían hecho público un pacto preliminar, ahora en el limbo, que implicaba un pago mínimo anualizado. Sin embargo, no se han dado detalles del esquema fiscal que se estaría usando en todo su conjunto para que la actividad de Minera Panamá represente más ingresos para el Estado.
La minera, además, siempre ha mencionado que necesita que se brinden las “protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación”, sin especificar cuáles serían elementos que a su juicio se podrían estar omitiendo en el proceso para finalmente alcanzar un acuerdo.
“La falta de datos concretos impide a la ciudadanía analizar si el Gobierno está defendiendo los mejores intereses de la población, o si existen conflictos de interés o influencias indebidas en la negociación”, dijo la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.
En el comunicado, con fecha de 16 de diciembre, citan que precede a la negociación minera el caso de la renovación del Contrato de Panamá Ports hace un año, en otro ejercicio de opacidad del Ejecutivo.
“La injusta remuneración que aceptó el Gobierno, así como la concesión de un monopolio por otros 25 años, impide que Panamá aproveche plenamente la existencia del Canal y su posición geográfica con el desarrollo del sector portuario, como lo han hecho países y centros marítimos-portuarios-logísticos de vanguardia mundial”.
