Las presiones de la economía global y los fallos estructurales de una aquejada política fiscal y un fracasado sistema de pensiones en Panamá pondrán a prueba al país en el 2023, durante pleno año preelectoral.
Ayer martes, los líderes locales y regionales de la calificadora de riesgo Moody´s convocaron a un encuentro en la ciudad de Panamá y profundizaron ante 200 empresarios y directores financieros de la plaza sobre los retos a los que se enfrenta el país, los cuales influyen en la calificación de riesgo cuando dentro de 12 meses se pase una próxima revisión.
Cifras relevantes bajo la lupa
$43,616
millones es el saldo de la deuda de Panamá al mes de octubre de 2022.
+60%
es la relación deuda-PIB, indicador que se utiliza internacionalmente para calibrar el nivel de endeudamiento de los países y es seguido de cerca por las agencias de calificación de riesgo. Cuanto más baja sea, se entiende que más asequible es el pago de la deuda para un país.
$4,933.4
millones fueron los ingresos corrientes del gobierno central entre enero y septiembre de 2022, cifra que representa un aumento de $662.6 millones sobre los $4,270.8 millones que se recaudaron en el mismo periodo del año anterior.
El incremento fue insuficiente para alcanzar la cifra que el Ejecutivo había previsto para cubrir sus gastos. El déficit respecto al presupuesto fue de $395 millones.
El analista principal de la agencia para Panamá, Renzo Merino, se adentró en las razones que provocaron que Moody’s Investors Service, ratificara la nota soberana en Baa2, al tiempo que cambió la perspectiva de estable a negativa. Esto no quiere decir otra cosa que hay presiones para una eventual rebaja en la calificación de riesgo del país.
En sus valoraciones Merino enumeró como factores determinantes las necesidades de fondeo del sistema de pensiones, los aumentos salariales de los funcionarios y el alza de las transferencias estatales en la modalidad de subsidio, lo que ha tenido una consistencia en los presupuestos.
Básicamente Panamá ha estado sacrificando inversiones para destinar más recursos a su gasto corriente.
En un entorno en que la economía del país crecía por arriba del 6% y la falta de fondos del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones era más lejana, los temores de hoy solían verse como un problema a mediano plazo que podía ser atendido sin premura.
Pero estos factores adversos y sus efectos son inminentes; todo se ha acelerado y potenciado con la pandemia.
Merino se refirió al fin de las reservas del subsistema Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) basado en las proyecciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
El subsistema exclusivamente de beneficio definido registrará un déficit de $733 millones al cierre de 2022 y de $954 millones cuando finalice el 2023.
“El deterioro del IVM se ha profundizado y aún no hay una solución, lo que incrementa la posibilidad de un costo fiscal”, dijo Merino, quien dejó ver la limitada capacidad de maniobra para hacerle frente a este nuevo gasto cuando el país se ha enfrentado a una baja en la obtención de ingresos.
La pregunta que surgió en el conversatorio y que debe a retumbar en el pensamiento de los funcionarios fue: ¿Qué gastos tendrá que ajustar el Gobierno?
Ello porque a pesar de que el crecimiento económico seguirá siendo favorable para Panamá, este no será suficiente para cerrar las brechas que se generaron en la pandemia.
Antes, en un reporte hecho por Moody’s en octubre pasado, la calificadora indicó que la falta de reformas en el sistema de pensiones denotaba debilidades en la gestión de políticas y representa un factor que, si no se corrige, socavará materialmente el perfil crediticio de Panamá y afectará negativamente las perspectivas crediticias soberanas.
Ayer, Merino recordó a este diario que aunque se ha visto una voluntad de llegar a consensos a través de un diálogo, estas tribunas de conversación, hasta el momento, no han presentado resultados.
“Entonces esperamos, que a pesar de que 2023 será un año preelectoral, se vea un progreso en este diálogo que permita tener claridad de cuáles serían las soluciones que hay que considerar para enfrentar estos desafíos”.
Recordó que la crisis del sistema de pensiones es estructural. “En el corto plazo se puede tratar de remover o reacomodar algunas cosas de las cuentas fiscales, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, pero claramente el tema es la sostenibilidad de la gestión del sistema de pensiones a largo plazo. Es algo estructural que necesitará una solución estructural”.
Moody’s estará expectante de lo que suceda entre los próximos 12 a 18 meses, que es el periodo que observarán la respuesta de política, la dinámica fiscal y económica del país. En ese momento se sabrá qué pasará con la calificación de Panamá.
