Otra propuesta de ley que eleva a delito la venta clandestina de lotería en todo el territorio nacional y dicta otras disposiciones, presentó el diputado Roberto Zúñiga, con penas que irían hasta los ocho años de prisión para los infractores.
La propuesta plantea que esta actividad deje de ser tratada como una simple falta administrativa y sea perseguida directamente por el Ministerio Público.
El documento técnico de la propuesta establece una escala de sanciones penales y económicas basadas en la gravedad de la actividad ilícita para quienes organicen, promuevan, vendan, distribuyan o administren lotería ilegal, con multas que van de los $500 a los $5,000; y de 3 a 8 años de cárcel.
De acuerdo con la exposición de motivos del documento, la comercialización ilegal de billetes, chances y loterías extranjeras ha registrado un notable incremento en los últimos años y al operar al margen del sistema oficial y sin ningún tipo de fiscalización, este negocio ilícito genera pérdidas a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) calculadas en cerca de $200 millones anuales.
Zúñiga destaca que esta fuga de capitales impacta de manera directa en el presupuesto de los programas de ayuda social dirigidos a la población vulnerable del país. “¿Cuántas obras sociales se podrían hacer con todo ese dinero?“, cuestiona el diputado.
Esta no es la primera vez que se presenta un proyecto para elevar a delito la venta clandestina de lotería. En el 2024 un grupo de billeteros también presentó una iniciativa similar ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, solicitando penas que iban de los 8 a 15 años de prisión. Sin embargo, no logró escalar.
Actualmente, más de 10 mil billeteros autorizados dependen de la venta oficial de lotería como su principal fuente de sustento y esta actividad clandestina representa para ellos una competencia desleal.
Zúñiga afirma que tiene el respaldo de los billeteros.
Para dimensionar el movimiento financiero del sector, el nuevo anteproyecto detalla que durante el año 2025 los panameños apostaron un total de $846.6 millones en los sorteos oficiales de la LNB. De esa cifra, la institución estatal logró transferir $95.8 millones al Tesoro Nacional.
El proponente de la norma argumentó que las sanciones administrativas vigentes han resultado insuficientes para contener la expansión de estas redes de juego ilegal.
Con esta reforma legal, se pretende cerrar un vacío jurídico histórico y dotar al Estado de herramientas penales más severas y eficaces para desmantelar una actividad que atenta contra bienes de interés público.
La iniciativa deberá pasar ahora a una comisión legislativa y de ser prohijado, escalaría a su debate entre los diputados de la Asamblea Nacional.
