Más de 282 mil funcionarios reciben la primera partida del Décimo Tercer Mes 2026

Más de 282 mil funcionarios reciben la primera partida del Décimo Tercer Mes 2026
Contraloría confirma desembolso de $156 millones por el Décimo Tercer Mes. Archivo

La Contraloría General de la República informó este 20 de febrero de 2026 que el Gobierno hizo efectivo el desembolso correspondiente a la primera partida del Décimo Tercer Mes de 2026, por un monto total de $156,701,504, beneficiando a 282,962 servidores públicos en todo el país.

La distribución de estos recursos alcanza al Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

Del total desembolsado, $90,668,176.74 corresponden al Gobierno Central; $44,023,580.92 a entidades descentralizadas; $7,361,064.13 a empresas públicas; $855,998.64 a intermediarios financieros; $6,275,746.80 a patronatos; y $7,516,937.11 a municipios.

A través de un comunicado, la entidad destacó que este desembolso representa un respaldo directo a miles de familias panameñas, especialmente ante el inicio del año lectivo 2026, período en el que aumentan los compromisos escolares.

Asimismo, subrayó que estos recursos contribuyen a dinamizar la economía nacional al fortalecer el consumo interno y la circulación de capital en distintos sectores.

Más de 282 mil funcionarios reciben la primera partida del Décimo Tercer Mes 2026
Gobierno hace efectivo el pago del Décimo Tercer Mes 2026 a servidores públicos. Archivo

Contexto legal

Desde febrero de 2024, se paga el Décimo Tercer Mes equiparándolo al salario que devenga cada funcionario, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la aplicación de un tope salarial para este beneficio.

La decisión, bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, resolvió las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los numerales 1 y 2 del artículo 1 de la Ley No. 52 de 16 de mayo de 1974, que instituyó el Décimo Tercer Mes para los servidores públicos.

El fallo estableció que este pago constituye un derecho adquirido por el simple transcurso del tiempo y el servicio laborado, y que imponer un límite salarial atentaba contra el principio de solidaridad social y afectaba la posibilidad de los trabajadores del sector público de mejorar su nivel de vida.


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