Como era de esperarse, el anuncio del gobierno de Panamá sobre el cierre comercial de la mina operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, ha resonado fuera de Panamá y retumba en el mercado financiero.
El precio de la acción de First Quantum en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, llegó a perder otro 2.76% en la jornada de ayer viernes, sumándose al 14% que retrocedió al cierre del jueves cuando se conoció que el Estado panameño y Minera Panamá no habían alcanzado un acuerdo para firmar un nuevo contrato que respalde las operaciones de extracción en Donoso, Colón.
Además de ver cómo retrocedía el precio de su acción, la minera canadiense sufrió una rebaja en la calificación por parte del Banco Nacional de Canadá al no cumplir, el 14 de diciembre, con el plazo dado por el Gobierno de Panamá para la firma de un nuevo contrato ley.
Shane Nagle, analista de la entidad bancaria, indicó que “si bien vemos la orden de cerrar operaciones como una táctica de negociación más dura por parte del Gobierno, esta acción genera mayor incertidumbre sobre el valor que dará el mercado a la empresa”.
Por su parte, Credit Suisse reiteró ayer viernes su calificación neutral sobre las acciones de la minera canadiense y señaló que la orden de cierre genera mucha incertidumbre sobre el futuro de la empresa, al ser el proyecto Cobre Panamá uno de los pilares de la compañía canadiense.
De acuerdo con los estados financieros al cierre del tercer trimestre de 2022, el 45% del cobre procesado por First Quantum fue extraído de Donoso, mientras que el 39% de los 5 mil 794 millones de dólares que generó la compañía en ese mismo periodo fueron producto de las ventas de la mina ubicada dentro del Corredor Biológico Mesoamericano.
Cobre Panamá generó 876 millones de dólares en ganancia bruta al cierre del tercer trimestre de este año, lo que representó el 47% de los mil 839 millones de dólares reportados por la minera a la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.
Ejecutivos de fondos de inversión que tienen en su cartera bonos de First Quantum señalaron a La Prensa que la decisión adoptada por las autoridades panameñas ha generado confusión sobre el futuro inmediato de la mina.
“Esta decisión pone presión para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, por la parte de los ingresos, además que genera incertidumbre sobre el clima de inversiones en el país”, indicaron.
Así como la incertidumbre preocupa al mercado financiero, en Panamá los más de 5 mil trabajadores que dependen del proyecto desconocen qué pasará con sus puestos de trabajo si entre las partes no se llega a un entendimiento.
Ayer, la empresa envió un comunicado interno a sus más de 5 mil trabajadores informando que las operaciones en todas las áreas del proyecto continuarán de forma regular hasta que el Gobierno notifique formalmente los planes y acciones a seguir para decretar el cierre de operaciones. Al cierre de esta edición, la mina continuaba operando con normalidad.
“Decir que estamos decepcionados por la decisión del Gobierno se queda corto, y sabemos que está causando una gran preocupación para ustedes y sus familias. En este momento, no hemos recibido una orden oficial de suspensión de operaciones, que continúan con normalidad por ahora. Por lo tanto, les pido que continúen centrándose en su trabajo y seguridad. Los estaremos actualizando sobre los hechos que pudieran afectarlos a ustedes y a nuestras operaciones y cuando tengamos más información se las compartiremos”, detalla el comunicado redactado por la gerencia de la empresa.
Francisco Díaz, presidente del sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), confirmó que hasta la tarde de ayer viernes la operación en la mina se desarrollaba con normalidad, pero no deja de haber incertidumbre entre los trabajadores.
“No conocemos qué acciones tomará el Ministerio de Comercio e Industrias y tampoco la política que seguirá la compañía cuando se haga efectiva la notificación del cese de operaciones”, acotó.
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, señaló en el noticiero de Telemetro Reporta que un proyecto de tal magnitud no puede detenerse apagando un botón, ya que es necesario tomar las acciones para que se cumpla la normativa ambiental y se protejan los activos de la mina donde se han invertido más de 10 mil millones de dólares, según datos de First Quantum.
El ministro manifestó que el proceso que realizará su cartera, junto con los ministerios de Ambiente y de Trabajo (cuya titular, Doris Zapata, se reunió el jueves pasado con representantes de sindicatos de la minera), tomará semanas, pero aseguró que con la resolución aprobada por el Consejo de Gabinete se detendrán las labores de extracción, procesamiento y venta.
En la Resolución No. 144-22 de 2022, aprobada por el Consejo de Gabinete el jueves pasado, se instruye al titular del Ministerio de Comercio e Industrias a adoptar medidas administrativas de conformidad al Código de Recurso Minerales, para ordenar a Minera Panamá que establezca un plan de preservación y gestión segura, es decir, el cese de operaciones comerciales.
Alfaro agregó que el equipo negociador designado por el presidente Laurentino Cortizo estuvo comprometido en lograr un acuerdo con Minera Panamá, pero reconoció que, en negociaciones de tal magnitud, también se debe estar preparado para los resultados negativos, por lo cual, en paralelo, el Gobierno ha explorado buscar otro concesionario que continúe con la operación de la mina y que cumpla con los términos ambientales, laborales y económicos acordados en enero pasado.
Aunque a lo interno del Gobierno también hay quienes reconocen que una salida menos traumática es lograr un acuerdo con la empresa minera. De hecho, ayer Cortizo reconoció que la búsqueda del futuro concesionario, “no excluye a Minera Panamá”.
Cortizo reiteró que el contrato actual no está vigente y que la decisión de ordenar el cierre de la mina da cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997 y que fue la base del contrato que permite la extracción de cobre.
“La decisión no fue un capricho, no podíamos seguir con este jueguito”, haciendo referencia a la decisión de la empresa de esperar 11 meses para presentar una nueva propuesta que, según el Gobierno, no cumple con el pago de 375 millones de dólares al año, tras cambiar el esquema de pago acordado de fijar las regalías en base a las ganancias brutas.
