El director general de Ingresos, Publio De Gracia, reiteró este miércoles 30 de octubre que nadie será detenido por tener deudas.
El funcionario responde así indirectamente a comentarios efectuados por la diputada oficialista Zulay Rodríguez, que ha mencionado en el pleno de la Asamblea Nacional la posibilidad de que una persona sea detenida por deudas en virtud de la ley que penaliza la defraudación fiscal.
La Ley 70 de 2019, que está vigente desde marzo, establece penas de prisión de 2 a 4 años para las personas que intencionalmente defrauden al fisco más de $300 mil en un solo ejercicio fiscal. Además, incluye la defraudación como uno de los delitos precedentes de blanqueo de capitales.
La defraudación implica la intención de engañar a la autoridad a través de falsificación de facturas, alterando montos en escrituras públicas, registrando menos ingresos de lo que en realidad obtienes o declarar ante notario una compraventa por debajo de los valores, entre otras conductas, explicó el académico tributarista Javier Mitre.
Es decir, el hecho de tener una deuda con el fisco no implica que la persona pueda ser investigada como defraudadora. Por ejemplo, si se trata del impuesto sobre la renta, una empresa o persona tendría que lograr un beneficio de $1 millón para que el monto a pagar en impuesto sea de $300,000. Es decir, que la inmensa mayoría de la población no estaría expuesta a una investigación por defraudación fiscal.
El pasado 24 de octubre el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 84, que introduce una modificación a la Ley 70. Según el texto original, si una persona pagaba el monto defraudado antes de ser condenada quedaría exenta de la pena de prisión.
En la modificación aprobada la semana pasada, se limitó a una sola ocasión la posibilidad de evitar la pena a través del pago de lo evadido. Así, si una persona o empresa es reincidente y se demuestra su culpabilidad en la defraudación, tendría que cumplir la pena.