El esquema fiscal que ha discutido Minera Panamá y el Estado como parte de la fórmula para acordar un nuevo contrato de concesión se convirtió en la principal congestión del proceso sobre el cual las partes mantuvieron 11 meses de silencio, pero del cual se han ido conociendo algunos detalles en el último mes.
Minera Panamá asegura que está preparada para acordar y superar el pago mínimo de $375 millones por año al Estado (compuestos por impuestos corporativos, incluyendo impuesto sobre la renta y regalías).
Pero Panamá advierte que según el último esquema que la empresa ha presentado al Gobierno, ese ingreso mínimo garantizado estaría oscilando de acuerdo a los créditos fiscales o a las otras estructuras tributarias que la minera utilizaría, lo que no garantizaría los ingresos mínimos que puso como objetivo el país.
De los créditos fiscales, por ejemplo, se ha sabido muy poco.
De acuerdo con la Ley 9 de 1997, por la cual se aprobó el contrato ley celebrado entre el Estado Panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A, (declarado inconstitucional), la empresa tenía una serie de beneficios por su inversión, incluyendo créditos fiscales que podían ser utilizados para pagar impuestos al Estado.
Dicho crédito fiscal podía ser igual a las sumas invertidas por la empresa en infraestructuras, como carreteras o plantas de energía, equipos de transporte e instalaciones marítimas.
Según Minera Panamá, basado en este antecedente la empresa era merecedora de un crédito fiscal de $1,000 millones.
Pascall, director general de First Quantum Minerals -de Minera Panamá-, dejó saber a un grupo de analistas financieros cómo podrían quedar establecidos dichos créditos fiscales, según lo que se había conversado hasta la fecha con las autoridades locales.
El ejecutivo dijo que de la totalidad del monto, no se reclamarían $250 millones. Es decir, que la empresa quedaría con $750 millones en créditos fiscales que puede obtener a su favor.
Hasta el cierre de esta edición no fue posible validar este datos con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Sin embargo, Pascall, explicó en una llamada con inversionistas que los créditos fiscales máximos por año que se presentarán a sometimiento de la Dirección General de Ingresos (DGI) no sobrepasarían los $35 millones.
Respecto a este tema, expresamente manifestó a los analistas financieros: “Acordamos limitar la cantidad del crédito fiscal que usaríamos cada año, y también hemos acordado un régimen de deducción por agotamiento de la mina que era más favorable al Gobierno de lo que estaba en sus solicitudes anteriores o en el acuerdo de 1997″.
Inmediatamente dijo que “no creo que estemos muy lejos”, refiriéndose a la posibilidad de un acuerdo, lo cual ha negado el Gobierno enérgicamente durante los últimos tres días.
“Ha habido progreso y movimiento desde el 14 de diciembre [fecha límite para formalizar el contrato] y estos puntos finales necesitan ser resueltos”, precisó Pascall.
Sin embargo, el Mici explicó a través de un comunicado que siguen discrepando en temas fundamentales como regalías, deducciones por agotamiento e Itbms.
La entidad puso como ejemplo que en la propuesta de Minera Panamá sobre el agotamiento se disminuye la cantidad de años que pagará el ingreso mínimo garantizado y disminuye los beneficios económicos de Panamá en escenarios de alto precio del cobre y alta producción.
El abogado Ebrahim Asvat, quien acompaña al Gobierno en las negociaciones con Minera Panamá. explicó a Panamá en Directo que la fórmula que plantea la empresa únicamente garantizaría el pago mínimo de $375 millones a favor del Estado por cuatro años. De allí en adelante no sería viable llegar al monto porque la empresa puede deducir pagos en materia de impuestos, dependiendo de los créditos fiscales que aplique.
Indicó que entre otras cosas, por ejemplo, la empresa quiere rebajarse un crédito por inversión y un crédito por agotamiento de la mina. Entonces, cuando se aplican estas y otras deducciones no se estaría frente a un ingreso mínimo garantizado, recalcó.
