El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió que Panamá y la región enfrentan una amenaza ambiental creciente vinculada a la minería ilegal y la deforestación financiadas por el narcotráfico, al tiempo que subrayó que el desarrollo económico del país solo es viable si va de la mano con la protección de los recursos naturales.
“No hay desarrollo económico sin ambiente; eso es una fantasía”, afirmó a La Prensa durante la sesión inaugural del Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá este 28 de enero.
Navarro señaló que la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la minería ilegal se han convertido en una “plaga continental”, impulsada por estructuras criminales que utilizan estas actividades para el lavado de dinero. “La minería ilegal y la deforestación hoy están financiadas por el narcotráfico, y eso es un problema que no solo afecta a Panamá, sino a toda América Latina”, sostuvo.
En cuanto a la minería ilegal, el ministro alertó que esta actividad se ha detectado en diversas zonas del país, incluyendo la cuenca del Canal, el Parque Nacional Chagres, Donoso y Darién. “Estamos hablando de grupos armados que usan cianuro, maquinaria pesada y que destruyen ríos y bosques”, advirtió.
Indicó que muchas de estas operaciones están vinculadas al narcotráfico, lo que ha obligado al Estado a intervenir con unidade s de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
Navarro confirmó que ya se han detectado trazas de cianuro en cuerpos de agua, incluso dentro de la cuenca del Canal, aunque aclaró que hasta ahora se mantienen dentro de los límites permitidos. “No estamos en niveles críticos, pero esto es una señal de alerta que no podemos ignorar”, sostuvo. Advirtió que estas afectaciones ponen en riesgo no solo a la ruta marítima, sino también el suministro de agua potable y la generación hidroeléctrica del país.
Respecto a la mina de cobre en el área de Donoso, Navarro afirmó que la situación actual es un problema heredado de administraciones anteriores y pidió a la ciudadanía comprender la magnitud del reto ambiental, económico y social que enfrenta el país.
“Aquí se tomaron decisiones irresponsables en el pasado, se otorgaron concesiones sin el debido manejo ambiental y hoy tenemos un problema enorme que atender”, indicó señalando que existe un pasivo ambiental complejo, que incluye concentrado de cobre, nitrato de amonio y grandes volúmenes de material rocoso sin procesar.
El ministro explicó que la auditoría integral de la mina se encuentra en ejecución y que los resultados finales estarán listos en abril. Añadió que cualquier decisión futura será tomada con base en criterios técnicos y será de conocimiento público.
Afirmó que, independientemente del resultado, se garantizará la defensa del ambiente con firmeza y rigor técnico. “Yo soy ministro de Ambiente, no de minería, y mi responsabilidad es proteger los recursos naturales del país”, enfatizó.
Navarro precisó que algunas acciones urgentes ya se han ejecutado, como la exportación del concentrado de cobre y del nitrato de amonio, reduciendo riesgos ambientales inmediatos.
Sin embargo, aclaró que el cierre ordenado de una mina es un proceso complejo que puede tomar décadas. “Una mina no se cierra apagando la luz; esto toma años, incluso décadas”, enfatizó, al señalar que será necesario manejar el material ya extraído bajo controles estrictos y con la infraestructura adecuada.
Además, aseguró que está dispuesto a sostener debates dentro del gabinete si existen diferencias sobre el tema minero y otros asuntos ambientales. “No hay que ver para atrás, pero hay que estar claros. Este problema de la mina es heredado, pero se va a enfrentar (...) Y yo voy a defender el ambiente”, aseveró.
En ese contexto, destacó que Panamá tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo regional de desarrollo sostenible, similar a lo que representa el Canal de Panamá. “Así como el Canal es un modelo mundial de eficiencia, Panamá puede ser un modelo de desarrollo sostenible”, agregó.
Recordó además, que hace tres años el país perdió cerca de mil millones de dólares debido a una severa sequía asociada al cambio climático, lo que afectó directamente la operación del Canal de Panamá. “Esa sequía nos costó casi mil millones de dólares, y fue una advertencia clara de lo que puede pasar si no protegemos nuestras fuentes de agua”, afirmó.
Indicó que esta experiencia dejó en evidencia la urgencia de ejecutar el proyecto de ampliación de la cuenca hidrográfica del Canal, particularmente con la incorporación de la cuenca oeste del río Indio, una obra que —según dijo— debió realizarse hace al menos una década.
Navarro recalcó que el proyecto de ampliación de la cuenca debe ejecutarse con estrictas salvaguardas ambientales y con la participación activa de las comunidades locales. “Esto no se puede hacer imponiendo decisiones; esto se hace dialogando, escuchando y construyendo acuerdos”, aseguró.
No obstante, insistió en que se trata de una obra indispensable para garantizar el suministro de agua potable a más de dos millones de personas en la región metropolitana y para blindar a la ruta marítima frente a los efectos del cambio climático.
Para el ministro, el Canal de Panamá representa el mejor ejemplo de desarrollo sostenible a nivel mundial, al combinar la protección de una cuenca hidrográfica con la generación de empleo, comercio internacional, inversión y actividad económica.
“El Canal es la prueba de que proteger el ambiente genera riqueza, empleo y bienestar”, expresó, al destacar que este modelo demuestra cómo la gestión ambiental y la capacidad humana pueden integrarse para producir crecimiento económico sostenible.
