La reforma de la Ley del Fondo de Ahorro Panamá (FAP) busca “corregir un error de fórmula” que no tuvo en cuenta situaciones de emergencia como la pandemia, dijo Carlos González, viceministro de Economía, mientras varias voces han criticado que los cambios propuestos plantean eliminar la deuda acumulada del Estado con el ahorro de todos los panameños.
“Quedan extinguidas las obligaciones de los aportes del Estado para las vigencias 2020 al 2024″, precisa el proyecto de ley.
A través de un comunicado, González recordó que el FAP se creó en 2012, con un capital inicial de más de $1,200 millones, pero en 2018 se introdujo una reforma que, según él, tenía un error de fórmula.
En 2018, se introdujo una modificación a la fórmula utilizada para calcular el monto que se destinaría al ahorro.
Así, para los años 2018 y 2019, de toda contribución de la ACP al Tesoro Nacional que supere el 2.5% del producto interno bruto (PIB), la mitad se debería destinar al ahorro nacional.
A partir de 2020, se debería destinar al FAP el 50% de toda contribución de la ACP que supere el 2.25% del PIB.
En base a esta norma, se calcula que al final del año 2023 el aporte sería de un aproximado de $400 millones, por lo que los aportes que el Gobierno le debe hacer al fondo ya alcanzan los $1,370 millones, considerando los que no se han registrado desde años anteriores.
“Esta fórmula no tenía en cuenta las caídas del producto interno bruto (PIB), lo que genera un efecto regresivo en momentos de crisis económica, como la ocurrida durante los años 2020, 2021 y 2022 debido a la pandemia y otros factores externos”, indicó González.
Sin embargo, hay voces que ven la situación desde otra óptica.
“La modificación al artículo 3 de la Ley 38 de 2012, que estableció las reglas de acumulación del FAP justo cuando el Estado le adeuda un monto que puede exceder los $1,000 millones, es una muy mala señal en materia de responsabilidad financiera y credibilidad. Esto a pocos días de la baja en la calificación de riesgo por parte de una de las tres agencias calificadoras de riesgo pareciera que le da la razón a dicha agencia”, dijo el exviceministro de Economía, Domingo Latorraca.
El analista financiero e ingeniero industrial explicó que dicho artículo fue cuidadosamente diseñado para procurar aumentar el ahorro nacional a través de un mecanismo que establece los aportes del Canal de Panamá durante periodos de expansión y utilizando indicadores financieros.
“El proyecto de ley que reforma el artículo en referencia, no solo modifica los aportes del Estado... de igual forma, borra la deuda de más de $1,000 millones que el Estado mantiene con el FAP”, recalcó Latorraca, quien cree que los cambios son inoportunos, inconsultos y debilitan aún más el buen nombre de Panamá frente a los mercados internacionales y a las agencias evaluadoras de riesgo.
